Comunidades indígenas de las cuencas de los ríos Pastaza,
Corrientes y Tigre deberán ser consultadas en vista que sus derechos
territoriales se verían afectados por un nuevo contrato petrolero para el
bloque 192.
Mientras tanto siguen exigiendo que el Estado cumpla con la
remediación de los 32 sitios identificiados como prioritarios, con una atención
médica especializada, agua potable y la publicación de los resultados completos
de los estudios de salud practicados en el 2016.
Mientras caminaba a través de la maleza tropical soportando
el calor amazónico, Elmer Hualinga se detuvo de pronto para observar cómo las
raíces de un árbol crecían alrededor de un barril oxidado. Cerca de allí,
restos de un motor yacían parcialmente enterrados, no muy lejos de la puerta
oxidada de una camioneta.
Este bosque tropical alguna vez fue virgen. El área
alrededor de este pueblo de casas de madera y calles sin pavimentar se
convirtió en un vertedero después de las actividades de exploración y
producción de petróleo que empezaran en la década de 1970. Ahora, una limpieza
está programada ahí y en otros 31 sitios de la concesión de petróleo, una vez
conocida como 1AB, hoy designada como Bloque 192.
Pero Hualinga de 36 años y padre de tres hijos sigue
preocupado por los impactos a largo plazo que las casi cinco décadas de
contaminación han causado en su familia y en los arroyos, ríos, plantas, peces
y animales de los que dependen las comunidades indígenas para su sustento.
Ahora se detiene al lado de una pequeña y fangosa piscina de
agua. “El olor de este lugar no es natural. Es un olor feo, un olor de la
descomposición de metales”.
Las huellas en el barro muestran que los animales se
sintieron atraídos por el agua salada de la piscina contaminada, al igual que
como les pasa con las colpas naturales de la Amazonía. Pero la sal allí es el
residuo de las operaciones petroleras.
“Esto es el recuerdo que nos dejan las empresas petroleras”,
dijo Hualinga.
Lo que se viene este
año
Después de más de una década luchando por la limpieza de
estos sitios contaminados y la atención médica para las personas que viven a lo
largo de los ríos, dentro de los campos petroleros más grandes del país, las
organizaciones indígenas han logrado algunos avances significativos. Sin
embargo, la preocupación por la salud humana y ambiental, así como por la
financiación para los trabajos de limpieza futuros permanecen.
El Gobierno peruano ha anunciado que este año designará un
nuevo operador para el Bloque 192, una concesión petrolera que cubre 4900
kilómetros cuadrados en las cuencas del Pastaza, Corrientes y Tigre en el norte
de Perú, cerca de la frontera con Ecuador. El área está habitada principalmente
por indígenas Achuar, Kichwa, Quechua y Urarina.
Según el Ministerio de Energía y Minas, la nueva concesión
tendrá una vigencia de 40 años. De conformidad con la legislación peruana, las
comunidades indígenas cuyos derechos territoriales se verían afectados por el
nuevo contrato participarán en un proceso de consulta previa de cuatro meses
que se espera comience pronto.
Cuatro federaciones —FEDIQUEP, del Pastaza; FECONACOS, del
Corrientes; OPIKAFPE, del Tigre; y ACODECOSPAT, del Marañón, en apoyo a las
tres que están dentro del Lote 192—, conocidas como las “cuatro cuencas”,
entregaron una propuesta para el desarrollo de la consulta previa al Ministerio
de Energía y Minas el 17 de enero del 2019.
Las organizaciones indígenas exigen que los diálogos para
elaborar el plan de consulta, así como los de la consulta en sí, se realicen en
comunidades dentro del lote, para facilitar la participación de todos los
habitantes. También proponen que se socialice el modelo del contrato y que este
proceso detalle elementos como la gestión ambiental, los beneficios para las
comunidades, la remediación de daños y otros.
La salud será un tema clave durante la consulta, según los
líderes de las organizaciones que se llaman a sí mismas “cuatro cuencas”, una
referencia a los tres ríos en la concesión y al río Marañón, del cual son
tributarios. El Marañón se une al río Ucayali río abajo para formar el
Amazonas.
Un estudio realizado en el 2016 encontró que algunas
personas tenían niveles de cadmio y plomo en la orina y en la sangre que
excedían los umbrales permitidos. También se halló que la presencia de bario y
plomo en el suelo de algunas casas y campos superaban los estándares de calidad
ambiental.
Las organizaciones indígenas están demandando atención
médica especializada para las personas que tienen metales pesados en sus
cuerpos, agua potable para beber y cocinar, una garantía de seguridad
alimentaria y la divulgación total de los resultados del estudio de salud
practicado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Medio
Ambiente (CENSOPAS). En su momento se tomaron muestras de sangre y orina, se
realizaron encuestas y se recogieron muestras también de suelo, agua, aire y
alimentos. Hasta ahora, solo se han entregado los resultados parciales.
La Defensoría del Pueblo se refirió al tema en un informe y
recomendó al gobierno asegurar el financiamiento necesario para terminar el
estudio, así como para hacer un seguimiento de las personas que tienen niveles
de metales por encima del máximo permitido. También pidió la elaboración y
cobertura de un plan de salud integral para las comunidades afectadas.
Otra demanda de las comunidades indígenas se centra en la
remediación ambiental de la contaminación acumulada a lo largo de casi cinco
décadas. Durante la mayor parte de ese tiempo, el agua producida —el agua
caliente, salada y cargada de metales bombeados de los pozos con petróleo— se
vertió sin tratar en ríos y arroyos.
Se espera ahora que los consultores que están elaborando los
planes para la limpieza de los 32 sitios identificados como prioritarios por
las organizaciones indígenas, finalicen su trabajo durante el primer trimestre
de este año.
Las exigencias de la
remediación
Un estudio financiado por el Gobierno, coordinado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la ONU (PNUD) y publicado
en agosto del 2018 reveló la complejidad de la remediación, así como el costo
probable.
Un fondo inicial de alrededor de 15 millones de dólares está
casi agotado. El Ministerio de Energía y Minas ha destinado alrededor de 53
millones de dólares de su presupuesto del 2019 para la remediación de sitios
contaminados por hidrocarburos, pero el costo total para limpiar todos los
sitios prioritarios podría ser mucho mayor, y eso es solo una fracción de los
sitios contaminados.
El estudio del PNUD recomendó priorizar los sitios futuros
para la limpieza basándose en una evaluación del riesgo para la salud humana y
el medio ambiente. Se planea un estudio similar para el 2019 en el vecino
Bloque 8, otro lote petrolero de la misma antigüedad que también está
contaminado por derrames y desechos.
Las organizaciones indígenas también solicitan el reemplazo
del sistema de tuberías dentro del Bloque 192 y el Oleoducto del Norte del Perú
que transporta crudo desde la Amazonía a través de los Andes hasta la costa.
Según el estudio del PNUD, se registran con frecuencia
filtraciones y derrames de los ductos dentro de los lotes. La sección amazónica
del Oleoducto del Norte del Perú también ha sufrido una serie de derrames desde
el 2014, algunos debido al cambio de suelo, algunos a la corrosión y otros al
vandalismo.
Una serie de fugas en el 2016 generó preocupación sobre el
estado de conservación y la seguridad del ducto. Petroperú atribuyó la mayoría
de los derrames al sabotaje, aunque nunca se hallaron culpables.
Una investigación del Congreso sobre estos derrames no llegó
a identificar a los responsables del vandalismo, pero observó que algunos
pequeños contratistas habían ganado de repente licitaciones por cientos de miles
o millones de dólares.
Los últimos derrames
La fuga más reciente ocurrió en febrero dentro del Lote 192,
en el Río Corrientes. Poco antes, el 26 de enero se reportó una fuga del
Oleoducto Nor Peruano en la Quebrada Cangaza, cerca de la comunidad de Chapis,
que sufrió otro derrame en el 2017.
A principios de este año, el primero de enero, ocurrió un
derrame del Oleoducto Nor Peruano en la comunidad de Santa Rosa, en el río
Marañón, distrito de Manseriche. El 6 de febrero, miembros de la comunidad
tomaron en protesta la Estación 5, una de las estaciones de bombeo del
oleoducto.
Otro punto por mencionar está en la comunidad Wampis de
Mayuriaga, en el río Morona, que sufrió un derrame en febrero del 2016 y
nuevamente el 27 de noviembre del 2018. Petroperú dijo que el primer derrame se
debió a la abrasión de la tubería causada por el suelo arenoso, pero alegó
vandalismo en la fuga de noviembre. Los miembros de la comunidad se negaron a
que Petroperú sellara esta ruptura, diciendo que la compañía no había cumplido
con los acuerdos pactados en el 2016. Esta negociación continúa.
Los conflictos relacionados con los ductos “son fenómenos
muy complejos” debido a “una combinación de factores”, dijo Alicia Abanto,
quien supervisa asuntos ambientales, servicios públicos e indígenas en la
Defensoría del Pueblo.
A pesar de los millones de barriles de petróleo que se han
extraído de sus territorios durante casi medio siglo, la mayoría de las
comunidades indígenas en los Bloques 192 y 8 carecen de servicios básicos como
electricidad, atención médica y escuelas y materiales educativos adecuados.
Para Elmer Hualinga, quien ha trabajado durante 10 años como
monitor ambiental voluntario en Nuevo Andoas, la salud sigue siendo la
principal preocupación mientras las comunidades se preparan para el proceso de
consulta.
El estudio de salud mostró que sus hijos tenían niveles de
metales en la sangre y orina que estaban por encima del umbral recomendado. Los
trabajadores de salud le dijeron que su hija de 7 años corría el mayor riesgo.
“¿Qué puedo hacer como padre para que ella no tenga esos
metales en su cuerpo, para que ella tenga futuro?” preguntó.
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