LOS REVELDEDES DE NANAY, UNA BANDA QUE FINANCIABA LA MINERIA ILEGAL

La presencia de ciudadanos extranjeros en las interdicciones que se realizan en contra de la minería ilegal aurífera en el río Nanay, en Loreto, empezó a llamar la atención en el 2020. Hasta ese momento eran operarios de dragas, buscadores de oro como tantos otros locales que trataban de ganar un poco de dinero. Sin embargo, en paralelo, este ilícito empezó a incrementarse aceleradamente, pues pasó de tres casos detectados en el 2021 a 98 solo durante el primer semestre del 2023, según el último informe del Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP).

 Este repentino cambio de dinámicas debía tener un origen y las autoridades empezaron a investigar. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) recabó pruebas durante más de dos años y logró construir el caso Los Rebeldes de Nanay, una presunta banda criminal conformada —en su mayoría— por ciudadanos colombianos que financian y ejecutan actividades de minería ilegal.

 Los imputados de este proceso son Luis López García alias ‘Pastuzo’ (38), Siego Sarria Mora alias ‘Sarria’ (25), ambos de nacionalidad colombiana; Jessica Vela Ribeiro (36) o Jessica Evisa Yauripuma (39) alias ‘Pastuza’, de quien no se ha podido definir su nacionalidad porque tiene una doble identidad, colombiana y peruana; y Rusbel Bancho Arirama alias ‘Charapa’ (39), de nacionalidad peruana. Todos ellos evidenciados en vídeos de seguimiento, audios, mensajes y transacciones que los vinculan con la extracción ilícita de oro.

 LR Data pudo acceder a parte del requerimiento de prisión preventiva que cuenta con 129 elementos de convicción. Entre estos, una conversación en el celular de Jessica Vela (o Evisa) que sería entre Luis López García y una familiar del 8 de agosto de 2022. En esta se refieren a una preocupación genuina: los hijos.

 —Está peligroso, es mejor que se salga de esos lados.

 —Sí, tía, en esta semana salgo a ver otro río, porque allá está pesado. Por acá donde estoy hay mucho sapo y eso le perjudica a uno.

 —Claro, hijo, tienes que salirte de por allá, piense en sus hijos, que acá de pronto no ganas como allá, pero es mejor la tranquilidad de todos.

 Asimismo, se encontró la captura de pantalla de una conversación de WhatsApp en la que se coordinan las actuaciones ante un posible operativo con un contacto de nombre ‘Josecito’.

 —José está pendiente a sacar el motor si viene el operativo de la voladora y hundirla. Si le confirman la bola las de Diego también las amarras bien y las hundes.

 

A estos elementos se le suman registros de negociaciones de insumos químicos, construcción de dragas, contabilidad de oro y transacciones bancarias a cuentas de Bancolombia o a través de remesas por Western Union.

El 14 de noviembre se dictó detención preliminar para estas cuatro personas, pero la Policía Nacional del Perú (PNP) solo pudo capturar a Jessica Vela Ribeiro y Diego López García debido a la resistencia de la población de la comunidad campesina Puca Urco. Las embarcaciones de las autoridades son rodeadas violentamente. “¿Qué traen ustedes para acá a la gente? ¿Qué traen? ¡Lárguense!”, se escucha gritar a un poblador, quien se dirige al fiscal a cargo de la diligencia.

 No hay indignación por una detención injusta, sino porque la ley se hace presente para alterar el negocio que sostiene al pueblo.

 Carlos Castro Quintanilla, fiscal de la FEMA de Maynas, conversó con LR Data y explicó cómo este conato obstaculizó el trabajo de la Fiscalía poniendo el caso en peligro. “Las otras dos personas no pudieron ser capturadas porque al momento de ingresar a la comunidad Puca Urco la población se puso en una situación muy hostil. No nos permitieron realizar los allanamientos”, señala.

 La audiencia de solicitud de prisión preventiva se llevó a cabo el lunes 20 de noviembre en el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Maynas. El juez a cargo fue Jairo Salazar Angulo, quien, tras una cuestionable decisión, desestimó el tipo penal por el delito de banda criminal con el argumento de que se requiere más de dos personas para cumplir con lo estipulado en el Código Penal. Esto, pese a que la acusación se mantenía a los cuatro imputados. Por otra parte, decidió liberar a los detenidos pese a las pruebas en su contra y a no haber podido demostrar arraigo.

 “Si no existieran elementos de convicción suficientes, no nos hubieran dado la detención preliminar, en principio. Dos, el tema de la prognosis de la pena: sabemos que cuando un delito de banda criminal va con un delito fin, sea minería ilegal o el que fuera, las condenas siempre serán superiores a los cuatro años de pena privativa de libertad, que es lo que contempla el segundo presupuesto. En el tercero hablamos de arraigo, peligro de fuga, obstaculización. Estas personas no son de acá, no tienen un domicilio, ¿cuál es su calidad de arraigo?”, cuestiona el fiscal.

 Finalmente, añadió que su despacho respeta la decisión del magistrado, pero que al no compartirla la apelarán.

La ruta del dinero

Construir una draga puede llegar a costar hasta 100.000 soles. Estructuras de madera, motores, mangueras, balatas, alternadores, baterías, compresoras, rotores, válvulas y un largo etcétera de partes que componen la infraestructura de extracción aurífera. A eso se le suman insumos como combustibles, mercurio o azogue. Una inversión de esa magnitud difícilmente podría salir del bolsillo de un comunero de Diamante Azul, San Juan de Ungurahual o Puca Urco, quienes subsisten con los recursos que negocian con el minero ilegal.

 Martín Arana, autor del informe Minería Ilegal en la Amazonía y especialista de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), afirma que existe una expansión acelerada de la minería ilegal en Loreto asociada a la presencia del crimen organizado que aprovecha la vulnerabilidad de la población para establecerse.

 “Hace 10 o 12 años se veía a pequeños mineros, gente de bajos recursos. Ahora hablamos de grupos de crimen organizado que financian y promueven este tipo de actividades. Se escudan en personas de bajos recursos para operar. Llegan a una zona como el nanay, donde no hay presencia del Estado en las comunidades, tienen una serie de deficiencias, escasos ingresos y los convencen de que participarán de las ganancias y habrá trabajo. Claro, al inicio es así, pero ponen en riesgo su integridad y sus vidas. Pierden el control de sus territorios”, explica Arana.

 En esta investigación se revela también que la minería ilegal se ha convertido en una de las mayores amenazas para el lavado de activos en el Perú. Según informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), entre el 2013 y 2023, la minería ilegal es la actividad ilícita que más ganancias ha acumulado con 8.216 millones de dólares, superando al narcotráfico, que en el mismo periodo habría sumado 640 millones de dólares.

 Pero estos dos ilícitos tendrían un vínculo conveniente o de necesidad. Según Bram Ebus, coordinador del proyecto de investigación periodística Amazon Underworld, el crimen organizado utiliza la minería ilegal de oro para lavar las ganancias del narcotráfico y multiplicarlas.

 “Vemos que el lucro del narcotráfico está siendo reinvertido en la minería ilegal para multiplicar sus ganancias, multiplicando así los pasivos ambientales por el uso de mercurio, la deforestación y la sedimentación que dejan las dragas. El oro es el metal precioso perfecto para lavar dinero porque no tiene ADN como un diamante. Es muy difícil de rastrear, se puede mezclar oro de orígenes diferentes y no será posible saber de dónde proviene”, advierte.

 En esa misma línea, por su experiencia investigando el crimen organizado en la Amazonía, plantea que grupos armados y criminales de origen colombiano y brasilero que ya tienen presencia en territorio peruano podrían estar extendiendo sus dominios fuera del narcotráfico. Menciona que organizaciones como Primeiro Comando da Capital (PCC), Comando Vermelho (CV) o Comando de la Frontera manejan zonas mineras, extraen oro, extorsionan mineros y compran proyectos en sus respectivos países para blanquear el dinero que obtienen del narcotráfico.

 “Estos grupos de Brasil y Colombia ingresan a territorio peruano (controlando zonas de producción del narcotráfico) y sabemos que en sus respectivos países se vinculan a la minería ilegal. No es descabellado pensar que en Perú también están apostando por lo mismo”, explica.

 Martín Arana de FCDS sostiene que en este punto de Loreto se está concibiendo ‘La nueva Pampa’. El incremento de dragas y los pasivos ambientales que deja a su paso este ilícito es voraz. Entre febrero y octubre del 2023, en operativos conjuntos entre la FEMA y la Marina de Guerra del Perú (MGP), se realizaron 11 interdicciones, lo que ha logrado destruir 39 dragas en la cuenca del Alto Nanay.

Publicado Diario La Republica