FUNDAMENTO DE UNA POLÍTICA PÚBLICA DE LECTURA Y ESCRITURA

Política, plan o programa; es necesario diferenciar las tres dimensiones.

Si entendemos la acción del Estado democrático como una institución que debe buscar la armonía de la sociedad que lo constituye y, al mismo tiempo, ejercer la democracia con la debida eficacia, es preciso que sepamos utilizar correctamente sus instrumentos y marcos legales.

Suelo afirmar que reconocemos las decisiones políticas efectivas de nuestros gobernantes cuando estos aplican dos medidas que son intrínsecas al acto de gobernar: (a) construir marcos legales para normativizar y dar legalidad a las acciones públicas; y (b) realizan inversiones adecuadas a cada acción. En resumen, la acción pública es efectiva cuando esta es legal y cuando se disponen recursos financieros para implementarla. Estos dos aspectos son imprescindibles cuando discutimos las políticas o planes de lectura.

Si bien los planes, las políticas y los programas son elementos importantes para los gestores públicos, persisten muchos errores en la comprensión del lugar institucional de cada uno de ellos. Por tanto, es importante diferenciarlos porque la correcta comprensión determinará el diseño y la estructura para la implementación de las acciones realizadas.

La política pública es entendida como una acción estratégica del Estado en su forma permanente. Una verdadera política de Estado debe ser necesariamente supragubernametal, suprapartidaria y permanente, y debe implementar objetivos precisos que, por su complejidad, y por ser constitutivos del bienestar y del desarrollo de una sociedad, solamente podrán realizarse a largo plazo, después de muchos años de planificación.

La política de Estado, por lo tanto, surge con estrategia para el desarrollo sostenible de un pueblo. Idealmente, una política de Estado para formar lectores debería ser equipado de políticas de otras áreas igualmente fundamentales, que también requieren este estatuto de permanencia porque son consideradas vitales para la nación.

Asimismo, la política de Estado es determinada mediante una ley con alcance nacional. Así, la política nacional de lectura podrá determinar la construcción de un plan que materializará los objetivos señalados en dicha ley. Por su parte, el plan es el que determina el perfil y los objetivos de los programas y acciones que reflejarán, en la práctica, la aplicabilidad de los objetivos de la política de Estado para la formación de lectores.

El diseño institucional es importante porque tenemos una industria editorial, una producción autoral y una absorción de la escritura cada vez más complejas y muy determinadas por las múltiples revoluciones digitales de la contemporaneidad. Considero que los planes y programa deben ser trazados por un periodo de diez años pues, luego de este plazo, es riesgoso y puede inmovilizar buenos objetivos, además de direccionar recursos erróneamente en esta época de intensos cambios tecnológico y conceptuales.

En Brasil, por ejemplo, la ley 13696-2018, que instituyó la Política Nacional de Lectura y Escritura (PNLE), determina que la presidencia del país debe implementar un Plan Nacional del Libro y la Lectura (PNLL) cada diez años. Estos planes decenales deben trazar estrategias y orientar los programas y las inversiones públicas, para la construcción de lectores en ese periodo y dentro de los conceptos y principios rectores determinados por la ley del PNLE.

Sin ahondar en la falta de sincronía entre la implementación y el desarrollo del PNLL brasileño y la promulgación de la ley del PNLE en 2018, el caso brasileño ha sido un ejemplar en lo que concierne a esta jerarquía, pues ha proporcionado, además de la mejor lógica de gobernanza, la participación efectiva de la sociedad civil en la formulación y en la gestión del PNLL.

En oposición a la tradición ortodoxa del Estado brasileño, que usualmente delega la conducción de las políticas y programas de gobierno a los funcionarios de carrera o profesionales provisionales que ejercen funciones en periodos gubernamentales determinados, con el PNLL, tuvimos una experiencia heterodoxa de gobernanza de este plan. De hecho, para conducirlo, su gobernanza reflejó una fuerte presencia de la sociedad civil en articulación con el gobierno.

Por decisión gubernamental, en 2006, el secretario ejecutivo del PNLL, principal responsable de su coordinación, no sería miembro del gobierno y sería alguien de la sociedad civil. Al mismo tiempo, el Consejo Directivo del PNLL, estuvo constituido por quince miembros de los cuales nueve pertenecían a la sociedad civil. Todas las funciones directivas, establecida por los ministerios de Educación y de cultura en actos asignados por los dos ministros de Estado, no eran renumeradas, lo que proporcionó más libertad para la emisión de opiniones y decisiones concernientes a las políticas del gobierno de turno.

Esto solo fue posible porque el PNLL brasileño no fue ejecutor de los programas y acciones que sus ejes determinaban. Los innumerables programas y las acciones de formación de lectores, tanto del Ministerio de la Cultura como del Ministerio de Educación, fueron ejecutados por la secretaría y direcciones de estos ministerios, que se orientan por los ejes estratégicos del PNLL.

En síntesis, la política de Estado establece objetivos estratégicos de largo plazo; los planes establecen periodos y metas para ser cumplidas en plazos determinados y dentro de las condiciones sociales, económicas, culturales y tecnológicas del periodo establecido; y los programas y las acciones derivan de los planes y son ejecutados por los organismos administrativos del Estado en sus respectivas áreas de actuación. Todo ello, con autonomía, sinergia, participación activa y complementariedad de cada uno de estos sujetos políticos.

Extractos del libro de Criticar un río es construir un puente, Silvia Castrillón.