por Francesca García Delgado en 19 agosto 2020
- Las intervenciones de los últimos meses
confirman que ilegales no dejaron de operar. A esto se suma que fiscalías
ambientales de tres regiones investigan a funcionarios forestales de
Ucayali por presuntos nexos con mafias que blanquean madera ilegal.
- Al día salen aproximadamente 40 camiones de
madera de Ucayali, región que mueve el mayor volumen de madera del país.
La pandemia ha impedido que el personal de Osinfor verifique la legalidad
de estos cargamentos en los últimos meses.
El 23 de mayo, un tráiler cargado
con 34 metros cúbicos de madera cumala pasaba inadvertido en la cochera de una
estación de servicios, en el km 8.6 de la carretera Federico Basadre, en la
ciudad de Pucallpa (Ucayali). Horas antes, el vehículo —con placas de rodaje
D4T-928 / AAZ-994— se había detenido a recoger el cargamento en un aserradero
del distrito de Manantay.
Cada paso de esta operación era
seguido de cerca por agentes de la División de Investigación Criminal
(Divincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP. Los oficiales habían sido alertados sobre la
operación ilegal de varios aserraderos que, a pesar de las restricciones del
estado de emergencia nacional por la pandemia del COVID-19, seguían
transformando madera a puerta cerrada. Esta fue la primera irregularidad
confirmada por los agentes de la Divincri.
El seguimiento policial se
prolongó por dos días. El 25 mayo por la tarde, el tráiler abandonó la cochera
y enrumbó por la carretera Federico Basadre con dirección a Lima. En la ruta, a
24 kilómetros de Pucallpa, el vehículo fue intervenido por oficiales de la PNP
junto a un equipo de la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental
(FEMA) de Ucayali. Cuando las autoridades le pidieron al chofer la Guía de
Transporte Forestal (GTF) —documento que autoriza el transporte y
comercialización de la madera— se dieron con la sorpresa de que tenía el sello
y la firma de un funcionario de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna
Silvestre (GERFFS) de Ucayali, área encargada de emitir esta documentación.
Segunda irregularidad: ¿cómo pudo esta oficina emitir la autorización en plena
emergencia?
Tras revisar con mayor
detenimiento la documentación, las autoridades detectaron un tercer problema:
la madera no fue transformada en el aserradero declarado en la documentación;
esto lo corroboró la policía durante el seguimiento. El desenlace de esta
historia: la madera valorizada en S/30 mil (aproximadamente US $8.400) fue
inmovilizada y el chofer detenido.
¿Cómo operan las mafias de la
madera, en plena pandemia, a costa de los bosques de Ucayali?
El origen de la madera
¿Cómo lo supieron? El equipo de
la fiscalía buscó el origen de la guía de transporte presentada por el chofer
del tráiler y llegó a Aquamar Investments INC S.A.C. El representante legal de
esta empresa se encargó de confirmarle a los fiscales, a través de una carta,
que ellos nunca emitieron esa guía y que “cualquier documento oficial o
particular donde se consigne dicha guía de transporte forestal es falsificado”.
Con esas pruebas, la fiscalía fue a la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre de Ucayali para pedir explicaciones de porqué validaron un documento fraguado. Los fiscales recibieron como respuesta que una vez que reciben una de estas guías, confían en que los sellos y firmas son reales
“Cuando un despachador llega con
una GTF de origen, es el funcionario de esta gerencia el encargado de verificar
la procedencia de la madera con su sello y firma… así está confirmando la
legalidad de la madera”, añadió la fuente fiscal. Algo que por lo menos en este
caso no se hizo y que traslada las sospechas a cada una de las autorizaciones
emitidas en los últimos meses por la gerencia forestal de Ucayali.
Guías recicladas
En las siguientes dos semanas a
esta intervención, tres camiones más intentaron sorprender a las autoridades
con la misma guía falsificada. Los casos se presentaron en las regiones de
Ucayali, Huánuco y Lima.
El personal del puesto de control
forestal El Rancho en Huánuco intervino, el 9 de junio, un vehículo que
trasladaba 35 118 metros cúbicos de cumala, carga valorizada aproximadamente en
S/44 mil (alrededor de US $12 300). Cuando el chofer presentó la guía de
transporte, el N°000777 volvió a aparecer, así como el nombre de la empresa
Aquamar Investment. La guía fraguada se
utilizaba por segunda vez.
Los otros dos casos se reportaron
en Ucayali y en Lima. En el primero, las autoridades incautaron un vehículo con
más de 16 mil metros cúbicos de madera cumala en el distrito de Yarinacocha y,
en el segundo, más de 33 mil metros cúbicos en el puesto de control forestal de
Corcona, al ingreso de Lima. Los firmas y sellos de funcionarios de la gerencia
forestal de Ucayali aparecían una vez más en la documentación presentada.
Mongabay Latam insistió con
Marcial Pezo Armas, director de Gestión Forestal y Fauna Silvestre del Gobierno
Regional de Ucayali, para que responda sobre los presuntos vínculos de los
funcionarios a su cargo con los cargamentos de madera ilegal movilizados, pero
hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.
Pezo Armas volvió al cargo de
director forestal, en enero de 2019, con la gestión del actual gobernador
regional, Francisco Pezo Torres. En el año 2013, durante su primera gestión,
Pezo fue el funcionario al que los líderes asháninkas de la comunidad de Alto
Tamaya-Saweto, ubicada cerca de la frontera con Brasil, alertaron sobre el tráfico
ilegal de madera que ocurría en sus territorios. Uno de esos dirigentes, Edwin
Chota Valera, fue asesinado junto a otras tres personas en septiembre del 2014
por taladores ilegales.
El funcionario, además, tiene
investigaciones fiscales en su contra por presuntas irregularidades al momento
de otorgar autorizaciones forestales. Actualmente, Pezo tiene pendiente cuatro
investigaciones en la primera y segunda FEMA de Ucayali por el presunto delito
de responsabilidad por otorgamiento ilegal de derechos. Estos delitos son
cometidos por funcionarios que emiten documentos con información falsa. De ser
responsable, puede recibir una pena no menor de tres años ni mayor de seis
años.
Roy Pinedo López, cuya firma y
sellos figuran en las guías falsificadas, fue señalado como responsable de
autorizar el desembarco en un aserradero de la madera ilegal reportada por
Chota, indica una investigación del portal Ojo Público. Pinedo es otro de los
funcionarios que ha vuelto a la gerencia forestal en esta gestión.
Extracción sin verificación
“Aquí los únicos que pararon por
la cuarentena fueron las autoridades del Estado como el Serfor y el Osinfor.
Los ilegales continuaron talando y generando volúmenes importantes que sacaron
de Ucayali sin controles. ¡Quien podía pagar, pasaba!”, dijo a Mongabay Latam
un transportista de Pucallpa que prefirió que mantuviéramos su nombre en
reserva.
Tras la transferencia de
competencias a los gobiernos regionales, estos son autónomos sobre las acciones
relacionadas a sus recursos forestales y de fauna silvestre. Es decir, tienen a
su cargo, por ejemplo, la verificación en campo y la exclusividad para otorgar
los títulos habilitantes que permiten aprovechar el bosque.
Sin embargo, están obligados por
ley a enviar la información actualizada sobre los títulos otorgados y los
planes de manejo para que el personal del Organismo de Supervisión de los
Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) realice también la
verificación en campo. El problema es que esto, en la práctica, no siempre
ocurre.
El procurador Público del
Ministerio del Ambiente (Minam), Julio Guzmán, indica que la supervisión en
campo que realiza el Osinfor es la única manera de acreditar fehacientemente la
legalidad de la madera.
“El riesgo actual es que un gran volumen
de madera provenga de títulos habilitantes que no han podido ser supervisados y
que no podrán ser supervisados este año por el Osinfor, sobre todo en Loreto,
Ucayali y Madre de Dios”, precisa Guzmán. El procurador añadió que en enero
solicitó tanto al Osinfor y al Serfor información sobre cuántos funcionarios de
los GORE han incumplido con enviar los datos actualizados de los títulos
habilitantes otorgados, pero dijo que aún no ha recibido una respuesta. “¿Si no
transparentan la información cómo parar los camiones? No hay forma”, declaró
Guzmán.
Luis Alberto Gonzáles-Zúñiga,
exdirector del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), quien
fue retirado intempestivamente de su cargo en junio de este año, asegura que
una de las principales resistencias que encontró durante su gestión para luchar
contra la tala ilegal y el tráfico de madera provino de los gobiernos
regionales, precisamente los de Loreto y Ucayali. Sostiene, además, que uno de
los temas que causó más recelo fue la propuesta del Serfor que apuntaba a
intervenir en los puestos de control forestal.
“Hay más de 165 garitas de
control forestal en todo el país pero más que cumplir un rol de control, son
como un peaje. Lo que hicimos fue analizar cuántos de esos puestos de control
eran los cruciales e identificamos seis. El más importante de ellos es el de
Corcona que está en la entrada de Lima y los otros están entre Loreto, Ucayali
y Madre de Dios, que son las regiones de donde sale el 80 % de la madera de
todo el país”, señala Gonzales-Zúñiga.
El exfuncionario precisó que las
autoridades nacionales estaban alertadas sobre la extracción ilegal de madera
durante la cuarentena en estas tres regiones. De acuerdo a su versión, al día
siguiente de que el Gobierno iniciara la fase 1 para la reactivación económica,
tanto en Ucayali como en Madre de Dios había un promedio de 100 camiones llenos
de madera listos para salir al mercado nacional.
“Lo que ha ocurrido durante la
cuarentena ha sido tremendo. Informamos al Ministerio de Agricultura (sector al
que está adscrito el Serfor) que había gente trabajando ilegalmente en los
bosques y sin control, y que eso era un mensaje de debilidad del gobierno a los
delincuentes pero no atendieron este llamado. Nuestra propuesta fue que no se
reactive el sector forestal en estas regiones debido al elevado número de
contagios por COVID-19, pero vemos que eso no es lo que han decidido”, precisa
Gonzales-Zúñiga.
Tras la separación de
Gonzáles-Zúñiga del Serfor, los gerentes regionales forestales de Loreto, Kenji
Terán Piña; de Ucayali, Marcial Pezo Armas y de Madre de Dios, Robert Nishida
Añez firmaron un pronunciamiento en conjunto donde respaldaban la decisión del
Gobierno y saludaban la designación del viceministro de Desarrollo e
Infraestructura Agraria, Carlos Ynga, como nuevo Director Ejecutivo del Serfor.
De los mencionados funcionarios forestales, el único que no continúa en el
cargo es Robert Nishida. En una radio local el gobernador de Madre de Dios,
Luis Hidalgo, dijo que decidió el cambio para cambiar la imagen del sector
forestal en su región.
Mongabay Latam buscó la versión
del Serfor respecto a los planes de la nueva gestión del director encargado de
la institución, sobre la intervención en los puestos de control forestal y la
coordinación en los próximos meses con los gobiernos regionales, pero no hubo
respuesta alguna hasta el cierre de este informe.
Los pasivos de la reactivación
económica
El titular de la Dirección de
Supervisión Forestal y de Fauna Silvestre del Osinfor, Ildefonzo Riquelme,
detalló que durante la cuarentena obligatoria la institución se dedicó a
recabar información de las obligaciones de los titulares de las concesiones,
así como permisos o autorizaciones forestales para verificar algún
incumplimiento.
“Estamos realizando la revisión y
actualización de nuestros procedimientos para poder incorporar medidas de
supervisión remotas con el uso de tecnologías… Estamos tramitando la aprobación
de nuestro protocolo de seguridad y salud para el trabajo de campo ante el
Ministerio de Salud. Con ese visto bueno, podremos retomar las inspecciones
presenciales, priorizando situaciones de riesgo y denuncia”, manifestó
Ildefonzo Riquelme.
Mientras tanto, el gobernador regional de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa, presentó el plan de reactivación económica forestal Loreto 2020. Con este plan, el GORE pretende generar 150 mil puestos de trabajo y reactivar 169 concesiones forestales en la región con una inversión de S/13 millones. Esta presentación en la que también participó el gerente forestal, Kenji Terán, se realizó en el local de Inversiones La Oroza, empresa investigada por tráfico ilegal de madera en el caso Yacu Kallpa en el año 2015.
El GORE Loreto ha establecido
como medida excepcional, además, que hasta el 31 de diciembre se van a
exceptuar las inspecciones oculares previas para aprobar los títulos
habilitantes. Esta decisión, detalla el documento, está ligada a la emergencia
sanitaria del COVID-19 y busca frenar el peligro de contagio de su personal.
“Esta reactivación inicia
justamente porque es una necesidad de la región iniciar sus actividades basado
en la trazabilidad legal de la madera y en los productos diferentes a la
madera”, declaró durante la presentación el gerente forestal Kenji Terán.
Julia Urrunaga, directora de Programas Perú de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA por sus siglas en inglés), quien ha investigado durante años el proceso de ‘blanqueo’ de madera en el país, advirtió que con la suspensión de la inspección ocular para otorgar los títulos habilitantes se elevará indefectiblemente el porcentaje de madera ilegal en la región.
“No han podido controlar la
ilegalidad ni con los esfuerzos en marcha para implementar completamente la
norma y ahora nos dicen que esto no ocurrirá cuando están reduciendo los
estándares. Muchas de las empresas madereras no han tenido el interés para
aplicar la norma y ahora cómo les creemos que aplicarán todos los protocolos”,
dice Urrunaga.
El 3 de agosto, durante su
exposición ante el Congreso para solicitar la cuestión de confianza, el
expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, anunció que el Gobierno
ejecutará un programa de inversión en el sector forestal de más de S/400
millones (unos US$ 112 millones) con miras de crear 56 mil nuevos empleos e
impulsar una inversión privada de US$ 500 millones en los próximos cinco años.
¿Quién garantizará en este
escenario la legalidad de la madera extraída?
Imagen principal: El 6 de
julio, la FEMA Ucayali, junto con los guardacostas de la Marina, personal del
gobierno regional y la División de Medio Ambiente de la PNP, inmovilizó 10
000pies de madera en el río Ucayali. La madera era transportada sin
documentación. Foto: FEMA Ucayali.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por su comentario