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Hace unos meses, durante la
campaña electoral en EEUU, el ahora presidente Joe Biden aireó la posibilidad
de crear un fondo de 20.000 millones de dólares para ayudar a los países de la
Amazonía a preservar la selva. Los días 22 y 23 de abril liderará una cumbre
del clima que quiere escenificar el nuevo giro ambiental del gobierno.
Entre los invitados está el
presidente brasileño Jair Bolsonaro, que se presentará con las siguientes
credenciales: entre agosto de 2019 y julio de 2020 desaparecieron del mapa más
de 11.000 kilómetros de selva amazónica, una superficie del tamaño de la Región
de Murcia, lo equivalente a 4.300 campos de fútbol al día. Es el peor dato en
una década y el triple de lo que Brasil se había marcado como objetivo.
Pero el problema está sobre todo
en el discurso que acaba incentivando esos resultados: el apoyo a proyectos de
ley que permiten la minería en tierras indígenas, la pasividad con los
invasores de estos territorios o las críticas a la legislación ambiental, que se
ve como un obstáculo para el progreso económico. Además, el negacionismo está
sólidamente enraizado en el gobierno. Bolsonaro llegó a decir que la Amazonía
no estaba ardiendo cuando se registraban los peores incendios de la historia
reciente.
Hace un año, el ministro de Medio
Ambiente, Ricardo Salles, fue grabado diciendo que había que aprovechar que los
focos estaban puestos en la pandemia del Covid-19 para desmontar las leyes de
protección ambiental. La semana pasada fue denunciado por la Policía Federal
por actuar en favor de presuntos madereros ilegales en la Amazonía e intentar
obstaculizar las investigaciones.
Ante este panorama, en Brasil hay
cierto temor a que en la cumbre del clima patrocinada por Biden se haga algún
anuncio de ayudas que contribuya a blanquear la imagen de Bolsonaro y darle una
pátina de líder creíble con el que se puede dialogar. Las conversaciones están
en marcha desde hace tiempo. Hace unos días, cerca de 200 organizaciones
mandaron una carta al presidente de EEUU subrayando que no es razonable esperar
que las soluciones para la Amazonía y sus pueblos vengan "de negociaciones
a puerta cerrada con su peor enemigo".
Entre los firmantes está Márcio
Astrini, secretario ejecutivo del Observatorio del Clima, que explica a ELMUNDO
que el objetivo era "alertar a Biden de que cualquier recurso en manos de
Bolsonaro será dinero para la destrucción ambiental". Asegura que la
intención del ministro Salles es desmantelar definitivamente el Instituto
Brasileño de Medio Ambiente (el Ibama, que actúa como una policía ambiental y
que desde que gobierna Bolsonaro apenas pone multas) y crear una fuerza
policial paralela, "una milicia ambiental" bajo su control.
EL CHANTAJE DEL GOBIERNO DE
BOLSONARO
"Quieren dinero en caja para
repartirlo a grupos políticos afines (...) pero pagar a los grandes
propietarios rurales para que cumplan la legislación en Brasil no salvará
ningún árbol", advierte. En una entrevista reciente, el ministro dijo que
Brasil puede reducir la deforestación un 40 por ciento si recibe 1.000 millones
de dólares al año de EEUU. "Si no, haremos lo máximo que podamos dentro de
nuestras posibilidades, pero entonces no puedo comprometerme con
porcentajes", añadió.
La exministra de Medio Ambiente
Izabella Teixeira,cree que no se puede caer en "chantajes" o
"victimismo", ni en la trampa de usar esas posibles ayudas para pagar
a quienes simplemente tienen la obligación de cumplir la ley. El combate a la
deforestación ilegal es "combate al crimen", recuerda en
declaraciones a este diario. No se trata de rechazar la cooperación
internacional, al contrario. Todo el mundo está de acuerdo en que vigilar un
territorio más grande que Europa con los medios que tiene Brasil es una misión
titánica y que cuesta mucho dinero, pero para eso falta algo primordial:
voluntad política y mecanismos de control eficaces. Por eso, quienes en Brasil
luchan por la preservación de la selva piden que EEUU dialogue con la sociedad
civil, asociaciones indígenas, el parlamento u otras autoridades (gobernadores
o alcaldes) que están más por la labor de mantener la selva en pie.
Pese a los temores de los
ecologistas, lo cierto es que es poco probable que el gobierno de EEUU opte por
las ayudas directas que exige el ministro Salles; lo más factible es que estén
condicionadas a metas cumplidas. Ocurre así con el Fondo Amazonía, que funciona
desde hace años sobre todo con recursos de Noruega y de Alemania, países que
dejaron de aportar dinero cuando vieron que faltaba compromiso real y que la
administración Bolsonaro quería imponer cambios profundos en el sistema de
gobernanza.
El enviado especial para el Clima
de EEUU, John Kerry, dijo la semana pasada que espera del gobierno brasileño
"acciones inmediatas" que lleven a "resultados tangibles".
Lo afirmó después de que Bolsonaro mandara una amistosa carta a Biden afirmando
que Brasil se compromete a acabar con la deforestación ilegal en 2030, pero que
se necesitan "recursos abultados" para que los 25 millones de
brasileños que viven en la Amazonía encuentren salidas para prosperar por sus
propios medios.
El tono cambió radicalmente en
pocos meses. Cuando en noviembre Biden habló del ya famoso fondo millonario
también dijo que los países que destruyen la selva podrían sufrir
"consecuencias económicas graves". En Brasil, a Bolsonaro eso le
pareció una intolerable injerencia en forma de sanciones y se quejó de que la
diplomacia es insuficiente para proteger la soberanía nacional: "Cuando se
acaba la saliva tiene que haber pólvora", llegó a decir.
A Bolsonaro, que siempre apoyó
públicamente la reelección de Trump y la teoría de la conspiración del fraude
electoral, la urgencia ambiental de la nueva administración demócrata le ha
pillado con el paso cambiado. Ahora todo son prisas para quitarse de encima la
fama de villano ambiental que ha convertido a Brasil en un paria en la escena
internacional.
BRASIL SABE CÓMO FRENAR LA
DEFORESTACIÓN
No obstante, en un pasado no tan
lejano, Brasil no era un problema, sino que estaba en el lado de las
soluciones. Desde la cúpula Río-92, el país asumió el protagonismo en los
debates sobre medio ambiente a escala global y entró en el siglo XXI con la
diplomacia verde como una efectiva herramienta de softpower. Entre los años
2004 y 2014, la deforestación en la Amazonía cayó un 83 por ciento.
"Brasil sabe cómo controlar
la deforestación, lo probó en el pasado. Si Brasil quiere acabar con la
deforestación ilegal en el Amazonas, acaba", dice rotunda la exministra
Teixeira, que en 2015 tuvo un papel clave en el éxito del Acuerdo de París,
acomodando los intereses de países ricos y países en vías de desarrollo.
Cree que es positivo que EEUU se
mantenga dispuesto a dialogar con Brasil a pesar de todo, y que hay margen de
maniobra: se puede mejorar la rastreabilidad de los productos importados,
vigilar lo que hacen las grandes multinacionales, mejorar la financiación de
las organizaciones de la sociedad civil y cooperar con los militares brasileños
en la vigilancia de las fronteras y la agenda de seguridad, porque los delitos
ambientales están muy vinculados con el crimen organizado. Aún así, también
está en la lista de los escépticos ante el giro retórico del actual gobierno en
busca de dinero: "Brasil tiene soluciones, pero no puedes pensar que las
encontrarás con el gobierno Bolsonaro", advierte.
Fuente: El Mundo
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/medio-ambiente/2021/04/21/608000e9fc6c8318628b45e8.html
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Aníbal Torres, comunicador especializado en datos. En el blog se explora temas como educación, cultura, medio ambiente y política. Utiliza la big data y la inteligencia artificial para generar contenido de calidad a través del periodismo de datos. Agradecemos a nuestros colaboradores por su apoyo con sus artículos y en la difusión de este medio independiente al servicio de la comunidad.. 
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