Escribe Héctor Minguilo A 24 años de la puesta en vigencia de la Ley de Bases de la Descentralización N° 27783 (julio de 2002) y de la Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales N° 27867 (noviembre de 2002), las estadísticas estatales nos devuelven una fuerte realidad y una bofetada: Loreto ocupa el primer lugar en desnutrición crónica en niños menores de cinco años, el segundo en anemia y el último lugar en calidad educativa de manera sostenida desde el 2007 hasta el 2025. Además, actualmente no producimos ni los alimentos mínimos para nuestro propio consumo familiar.
Estos indicadores demuestran que en nuestra región no se ha cumplido ninguno de los objetivos que ambas leyes trazaron para el desarrollo regional y del país. Ante este panorama, considero que la clase dirigente de Loreto tiene la obligación moral de iniciar un proceso de profunda reflexión y análisis. Y de sus resultados deben nacer propuestas reales para generar un quiebre definitivo en la actual situación socioeconómica que golpea a las grandes mayorías de la sociedad loretana.
El artículo 3 de la Ley de Descentralización señala textualmente: “La descentralización tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, mediante la separación de competencias y funciones y el equilibrado ejercicio del poder por los tres niveles de gobierno en beneficio de la población”.
Frente a esto, cabe
preguntarnos: ¿Se podría hablar de desarrollo integral, armónico y sostenible
cuando tenemos nuestros ríos contaminados?
Es evidente que en Loreto este
artículo es letra muerta. El caso más alarmante y reciente es el envenenamiento
de nuestras aguas por el mercurio utilizado en la minería para obtener el oro
aluvial. Lo indignante es que el Gobierno Nacional no respeta las normativas
emitidas en defensa de nuestro territorio. Ocurre con la cuenca del río Nanay,
protegida mediante la Ordenanza Regional N° 006-2003-CR/RL y con el río
Marañón, cuyo reconocimiento como sujeto de derechos se logró mediante el fallo
judicial N° 0010-2022-0-1901-JM-CI-01 (Iquitos, 29 de agosto de 2024).
El Ejecutivo central ha tenido
la osadía de convocar a licitaciones públicas para otorgar licencias de
explotación de oro aluvial en el Nanay, a pesar de existir un decreto que
prohíbe toda solicitud de concesiones mineras hasta noviembre de 2026. Esta
última restricción legal no fue un regalo político; se promulgó gracias a la
organización y movilización convocada por el Comité de Defensa del Agua de
Iquitos, respaldada valientemente por estudiantes de diferentes colegios de la
provincia de Maynas, profesores, padres de familia y ciudadanos. Este intento
de vulnerar el Nanay sintetiza perfectamente que en Loreto la ley no se aplica.
Por otro lado, el artículo 4
de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que su finalidad esencial
es “fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de
sus habitantes”.
Amigos lectores, ¿se cumplió
con este artículo en Loreto? No. Los resultados están a la vista y son una
cachetada para que despertemos. Esta situación tiene que cambiar, y el primer
paso es aplicar verdaderamente nuestras leyes.
Durante las gestiones de Iván
Vásquez Valera (Fuerza Loretana), se redactaron planes de desarrollo en 2008 y
un plan agrario en 2009 que, en la práctica, solo sirvieron para justificar los
gastos de consultorías de quienes los escribieron. Para la supuesta
conectividad de Loreto con la capital, se invirtieron más de 100 millones de
soles en los estudios de un tren que jamás sirvió a los intereses de nuestro
pueblo. Asimismo, se abandonó lo planificado con el Eje de Integración e
Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA) Norte, que contemplaba la
construcción del Puerto de Sinchi Cuy para vincular comercialmente al Perú con
Brasil.
El "copia y pega" de
los Planes de Desarrollo de Loreto continuó sin pena ni gloria en los gobiernos
de Fernando Meléndez Celis (APP), Elisbán Ochoa Sosa (Mi Loreto) y,
actualmente, con el médico gobernador René Chávez.
Resulta irónico leer la
presentación del Plan de Desarrollo Concertado “Loreto al 2021” (aprobado por
la Ordenanza Regional N° 014-2015-GRL-CR el 29 de octubre de 2015), que
prometía: “convertir a Loreto al 2021
en una región amazónica líder, ordenada y competitiva, sustentada en una
economía con crecimiento verde sostenido sobre la base del Ordenamiento
Territorial, ecoturismo, forestería, los recursos hídricos y su producción
diversificada...”.
Ninguno de estos planes se diseñó pisando la realidad de la Amazonía. Por eso fracasaron. Los indicadores de desarrollo no mienten: seguimos en la cola de los servicios de salud y educación, y a la vanguardia de la desnutrición y la anemia.
Es hora de que esta triste
pero verídica realidad cambie. Es urgente que pensemos en nuestros niños,
quienes representan el futuro de Loreto y del Perú.
Los planes de desarrollo del
futuro se tienen que elaborar desde las bases, con la participación activa de
las familias por cuencas y microcuencas, respetando las particularidades y
potencialidades de cada zona. Debemos fusionar la agricultura de subsistencia
con los aportes de una agricultura permanente y sostenible, proyectando un área
de cinco hectáreas por familia con asistencia técnica constante basada en la
innovación científica.
Además, es imperativo rescatar los conocimientos que los productores agrarios del Bajo Napo recibieron en su momento como semilleristas por parte de los profesionales del INIA Loreto. Es hora de orientar y acompañar a nuestros pueblos originarios en una transición justa y productiva: pasar de la mera recolección hacia una agricultura permanente, tecnificada y sostenible.
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