El proyecto de transporte fluvial más grande de la Amazonía
peruana está en un punto muerto. Se trata de la Hidrovía Amazónica cuyo Estudio
de Impacto Ambiental detallado (EIA-d) no ha sido admitido por el Servicio
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace).
El anuncio lo hizo el mismo organismo estatal el último 4 de marzo.
Senace observó el expediente debido a que la Concesionaria
Hidrovía Amazónica (Cohidro) —responsable de la ejecución del proyecto— lo
presentó sin haber concluido el plan de participación ciudadana. Al momento de
entregar el estudio quedaba pendiente la realización de un taller informativo
con las comunidades indígenas en la localidad de Nauta, región Loreto.
La reunión en Nauta debió concretarse el 30 de noviembre de
2018, pero fue suspendida por reclamos de la población. Se reprogramó para el
12 de enero, pero Cohidro decidió presentar el EIA-d el 22 de diciembre de 2018
sin incluir los resultados del taller.
Un proceso complejo
“Senace ha sentado un precedente importante para la gestión
ambiental”, comenta Diego Saavedra, especialista del Programa de Ecosistemas y
Derechos de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).
El especialista explica que la observación del organismo
estatal no se refiere a que faltó solo un taller programado, sino a un vacío en
el proceso de elaboración del EIA-d. “No es que falte el checklist. Lo que dice
Senace a Cohidro es que no puede presentar un estudio sin antes concluir su
plan de participación ciudadana, es decir, incompleto”.
Saavedra también cuestiona el argumento de la empresa, la
cual sostiene que en Nauta no se dijo nada importante como para que se realicen
cambios en el estudio y por ello
solicitó nuevamente que se evalúe el EIA presentado en diciembre, sin incluir
los acuerdos de este taller que finalmente se realizó el 12 de enero.
En su dictamen, el organismo estatal precisa que existe un
contrasentido por parte de la empresa al haber entregado el EIA-d sin ejecutar
el encuentro en Nauta, el mismo que incluso se encontraba en proceso de
convocatoria. Senace aclara, además, que la información recogida debía ser
utilizada como insumo para culminar la elaboración del estudio ambiental.
Mongabay Latam consultó a la empresa sobre esta decisión.
Mediante un correo electrónico, el Área de Comunicaciones de Cohidro respondió
que “no comparte la resolución emitida por el Senace”. Sin embargo indica que
la decisión se refiere solamente al trámite previo al inicio del proceso de
evaluación. “El contenido del EIA aún no ha sido evaluado”, señala la empresa.
En cuanto a lo sucedido con el taller de Nauta, la empresa
manifestó que el plan de participación ciudadana sí se realizó en su totalidad
y explicó que la reprogramación del taller “fue comunicado y de conocimiento
pleno por parte del Senace al momento de ingresar el Expediente del EIA-d el 22
de diciembre de 2018”.
Sobre cómo debe continuar este proceso, Senace explicó a
Mongabay Latam que la empresa tiene dos alternativas: “la primera es presentar
nuevamente el EIA-d, incluyendo toda la información requerida. La segunda es
interponer un recurso de apelación para que el expediente pase a otra
instancia”.
La Hidrovía Amazónica es un proyecto concesionado por el
Estado Peruano y tiene como objetivo mejorar el transporte fluvial en una
extensión de 2687 kilómetros a través de los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y
Amazonas, lo que significará el dragado de bancos de arena y otros obstáculos
ubicados en esos cuerpos de agua.
Participación de los
pueblos indígenas
Para Paola Naccarato, especialista senior en infraestructura
de la Wildlife Conservation Society (WCS), lo más importante de la resolución
del Senace es que ha incluido a la Organización Regional de los Pueblos
Indígenas del Oriente (Orpio) como tercer interesado en el proceso de
evaluación del estudio ambiental. “Orpio acompañará el proceso del EIA. Eso
significa que tendrá un lugar específico durante la evaluación del expediente”.
Jorge Pérez, presidente de Orpio, señala que había hecho este
pedido a Senace, debido a que las comunidades que se encuentran en la zona del
proyecto podrían verse afectadas por las decisiones que se tomen. “Un estudio
mal hecho podría no reconocer todos los impactos y las medidas de mitigación
necesarias para garantizar el derecho a la vida, la salud, la alimentación y a
un ambiente sano de los pueblos indígenas que convivirán con el proyecto”.
Pérez agrega que los pueblos indígenas conocen mejor los ríos
porque viven cerca a ellos y saben cómo cambian. “Nosotros, mejor que nadie,
sabemos qué impactos nos pueden afectar. La voz no solo es de consulta, nuestra
voz es ahora determinante y debe ser escuchada en este proceso”.
El proyecto de la Hidrovía Amazónica ha sido cuestionado en
reiteradas oportunidades. Naccarato señala que son tres los puntos clave que se
deben tomar en cuenta con respecto a esta obra. El primero se refiere a la
coincidencia entre zonas de dragado y de pesca. “Cuando superponemos el mapa de
la hidrovía con el mapa de las zonas de pesca oficiales la superposición es
abrumadora. Por lo menos mil puntos de pesca reconocidos a lo largo de los más
de 2000 kilómetros. Y la pesca es una de las variables de las familias para
solventar su economía”.
En este caso —indica Naccarato— los impactos del dragado en
el río tienen que ver con la turbidez del agua, los lugares de pesca y la
presencia de larvas de peces como el dorado, además que la remoción de
sedimentos afecta a los peces.
El segundo punto, de acuerdo con la experta de WCS, se centra
en la relación de los pueblos indígenas con el río, situación que ha sido
estudiada a lo largo del Marañón. “Ellos tienen una vida integrada con lo que
pasa en sus ríos. Ahí estamos hablando de impactos sobre sistemas complejos,
ancestrales, en los que se intervendrá con este proyecto, generando un impacto
cultural”.
Finalmente, el tercer tema de fondo se refiere a las zonas
propuestas para remover los bancos de arena de los ríos. “Sabemos que los ríos
cambian cada año. Entonces, por qué hacer un EIA considerando estas zonas
cuando el estudio de ingeniería será el que determine cuáles serán los puntos
exactos para el dragado”.
En el Estudio Definitivo de Ingeniería (EDI) se precisarán
las áreas y volúmenes de sedimentos a dragar del lecho de los ríos y la
ubicación de depósito de estos sedimentos, entre otros detalles. Por esta
razón, Naccarato cuestiona que el EDI se realice después del análisis
ambiental. “Esto es muy peligroso”, sostiene.
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