- Informe Amazonía saqueada revela devastación
por presencia de minería ilegal en seis países amazónicos: Brasil,
Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
- Mapa interactivo muestra más de 2000 puntos en
la región en los que se ha identificado la actividad ilegal.
Publicado Mongabay LATAM 05/09/2019
Por primera vez, Latinoamérica cuenta con una plataforma
regional sobre la minería ilegal. Se trata de un mapa elaborado sobre la base
de imágenes satelitales, reportes de comunidades indígenas de la zona, informes
de organizaciones que monitorean los bosques y noticias publicadas en la
prensa.
La información ha sido puesta en un mapa interactivo en el
que se puede explorar cada uno de los lugares identificados en seis países
amazónicos: Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.
El mapa interactivo permite conocer la ubicación exacta de
cada uno de los más de 2000 puntos identificados y saber qué tipo de mineral se
extrae de este lugar, si ya ha sido cerrado, si aún está activo y qué
maquinarias o insumos se utilizan, entre otros datos.
1.- El mapa de la minería ilegal
Este especial, denominado Amazonía saqueada, reporta 2312
sitios con esta actividad ilegal y 245 áreas de extracción no autorizadas en
las que se explota oro, diamantes y coltán.
De todos los puntos mapeados, la mayoría se encuentra en
Venezuela (1899), seguido por Brasil (321), Ecuador (68) y Perú (24), precisa
el estudio elaborado por la Red Amazónica de Información Socioambiental
Georreferenciada (RAISG) e InfoAmazonía, en coordinación con otras ocho
instituciones latinoamericanas.
En cuanto a las áreas, Brasil está en el primer lugar con 132
seguido por Perú con 110, todas ubicadas en Madre de Dios, la región de la
Amazonía que tiene la mayor degradación causada por la extracción de oro.
La diferencia entre puntos y áreas consiste en que los
primeros no tienen límites precisos en las imágenes satelitales, pero se identifica
la actividad ilegal. En cambio, las áreas si tienen contornos definidos de tal
manera que se puede ver su extensión desde el aire, explica Julia Jacomini,
investigadora de la RAISG. “Por primera vez tenemos una visión panamazónica de
este problema y entendemos que la minería ilegal es un problema
transfronterizo”.
La minería ilegal está causando efectos devastadores en la
Amazonía por la presencia de dragas, barcas y otros equipos utilizados para la
extracción de oro que acaban con los bosques, así como por el uso
indiscriminado de mercurio que genera daños a la salud de las poblaciones
locales ─principalmente indígenas─ y afecta a ríos y peces.
Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no están libres de las
actividades ilegales, pues según el informe, de las 649 ANP identificadas, 55
tienen puntos de minería ilegal activos o balsas dentro de sus límites y 41
sufren daños indirectos, ya sea en áreas de amortiguamiento o en sus fronteras.
2.- La situación en los países de Latinoamérica
En Brasil, la presión de la minería ilegal es intensa sobre
la región del río Tapajós donde, además, las comunidades indígenas son
amenazadas cuando intentan oponerse a esta actividad no autorizada, según
informa un artículo de la Deutsche Welle.
Las ANP ubicadas a lo largo de esta cuenca también están
siendo impactadas. Según una investigación del Instituto Socioambiental (ISA)
—citado en el estudio—, la Floresta Nacional de Altamira, una zona protegida
situada al noroeste del estado de Pará, ha tenido una rápida transformación en
los sectores de los ríos Novo, Branco y Jamanxim, donde se ha instalado un
campamento minero de 6.5 kilómetros de extensión.
Perú enfrenta la misma devastación. “La minería ilegal en
Madre de Dios ha contribuido a que la deforestación en ese país alcance niveles
jamás registrados”, se indica en Amazonía saqueada. Y en esta región, la
destrucción también se ha internado en una de sus áreas protegidas: la Reserva
Nacional Tambopata.
Informes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina
(MAAP) utilizados en este estudio dan cuenta de cómo esta actividad ilegal
ingresó a la reserva a partir del año 2015. A través de imágenes satelitales se
observa cómo en setiembre de ese año el territorio no había sido afectado y
solo dos meses después ya mostraba zonas deforestadas dentro de la reserva
causadas por minería ilegal. Otro análisis de MAAP presentado en abril del año
pasado indica que la deforestación causada por la minería entre enero de 2017 y
febrero de 2018 fue de 1320 hectáreas, en las áreas de La Pampa (sector
Balata), Alto Malinowski y en la Reserva Nacional Tambopata.
Venezuela también es un país fuertemente impactado por la
minería ilegal con más de 1800 lugares donde se visualiza la actividad. Uno de
los casos más significativos corresponde a la presencia de la minería aurífera
desde la década de 1980 en el Parque Nacional de Yapacana, entre los ríos
Orinoco y Ventuari, una actividad cuya ilegalidad se hizo visible con las
alianzas entre los mineros y los miembros disidentes de guerrillas colombianas.
Un informe reciente de académicos, periodistas y autoridades del Estado de
Amazonas ha denunciado que los disidentes de las guerrillas administran todas
las minas.
En Colombia, la extracción ilegal de oro y coltán de la región
amazónica se desarrolla en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis,
Guainía e Inírida, entre otros. Esta actividad afecta áreas de manejo especial
(territorios indígenas, parques nacionales, sitios Ramsar, reservas forestales
y zonas fronterizas).
En Bolivia se presenta un problema para definir la ilegalidad
de esta actividad, comenta Marco Gandarillas, director del Centro de
Documentación e Información Bolivia (CEDIB). El investigador dice que “en todos
los países no se identifica de la misma forma la actividad ilegal” y menciona
que en su país existe una situación compleja con las autorizaciones a las
cooperativas mineras.
En el área del Parque Nacional Madidi y la Reserva de la
Biósfera Pilón Lajas, por ejemplo, existen 41 operaciones de minería y a pesar
de la evidente amenaza causada por la explotación dentro del área protegida, el
estudio indica que esta actividad fue legalizada por el gobierno.
3.- Presencia de mercurio en la Amazonía
Un tema importante, sobre el que hace énfasis el estudio, es
el uso del mercurio en la actividad ilegal y cómo este elemento está causando
efectos severos en la salud de las personas y en el medio ambiente,
principalmente a las comunidades indígenas.
Los peces, principal alimento de los pueblos nativos y
ribereños, son también un problema de salud pública, pues estudios han revelado
la acumulación de mercurio por encima de los niveles recomendados de la
Organización Mundial de la Salud (OMS).
Una de las regiones más afectadas por el mercurio en la
Amazonía es el territorio Yanomami, que se extiende entre Brasil y Venezuela.
En esa zona se tomaron más de 200 muestras de cabello a la población indígena y
el resultado más alarmante fue el caso de la comunidad Yanomami de Aracaçá, en
la región de Waikás, en Brasil donde el 92 % del total de las muestras
presentaron alto índice de contaminación.
En Colombia la zona más afectada por este mineral es la
cuenca del río Caquetá. En este país, un estudio del Instituto Nacional de
Salud de Colombia en el río Apaporis reveló que hasta el 80 % de las
poblaciones indígenas en esta región están contaminadas por mercurio.
Para el 2015 Bolivia registraba 20 veces más mercurio
utilizado en el país, en comparación con el 2010, según cifras del CEDIB
citadas en este informe. Una publicación del gobierno boliviano en 2016 da
cuenta que, con 133 toneladas de mercurio liberadas al año, Bolivia es el
tercer país de América en emisiones del mineral.
Debido a la grave situación de contaminación por mercurio en
varios países, la Organización de las Naciones Unidas adoptó, en el año 2013,
el Convenio de Minamata sobre el Mercurio, un tratado mundial para proteger la
salud humana y el medio ambiente de sus efectos adversos. El acuerdo firmado
hasta ahora por 101 países prevé un mayor control de la importación, comercialización
y descarte de mercurio. Salvo Colombia y Venezuela, todos los otros países
amazónicos han suscrito y ratificado este convenio.
4.- La minería ilegal en territorios indígenas
Las comunidades indígenas también padecen la amenaza de la
minería ilegal. Según el estudio de RAISG, de los 6207 territorios indígenas
identificados 180 tienen actividad minera ilegal dentro de su territorio o en
los límites de estos. De ellos, 64 están ubicados en Perú.
Un caso preocupante es el de Puerto Luz, una de las diez
comunidades de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la Amazonía peruana, que
enfrenta la extracción indiscriminada de oro. Walter Qertehuari, presidente de
la Reserva Comunal Amarakaeri, dice que su comunidad no solo enfrenta una
situación crítica por la presencia de la minería ilegal. “Nuestros territorios
corren peligro por las actividades extractivistas como la minería y la tala
ilegal”, comenta.
En Brasil y Venezuela se estima que 5000 mineros operan
ilegalmente en la Tierra IndígenaYanomami. Entre 1987 y 1989 los Yanomami
llegaron a contar 2003 balsas con dragas trabajando cerca de la comunidad de
Waikas, para 1991 estas fueron cerradas. Sin embargo, en el 2010 los ilegales
regresaron y para finales de 2013 las balsas ya eran 42. En el 2016, un sobrevuelo
identificó 49.
En la provincia de Zamora Chinchipe, en Ecuador, el
megaproyecto minero Mirador ya ha deforestado 1307 hectáreas entre el 2009 y el
2017. Se trata de una concesión minera otorgada por el gobierno, pero que en
mayo de 2018 tuvo que suspender el 40 % de sus obras por incumplimientos
ambientales.
Los impactos de la minería ilegal son graves violaciones a
los derechos humanos. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos
indígenas en aislamiento voluntario son algunos indicios de los daños al bien
común. Además del impacto ambiental, existe un impacto cultural y económico en
la perpetuación de la minería, indica el estudio.
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Aníbal Torres, comunicador. En el blog se explora temas como educación, cultura, medio ambiente y política. Utiliza la big data y la inteligencia artificial para generar contenido de calidad a través del periodismo de datos. "Agradecemos a nuestros colaboradores por su apoyo con sus artículos y en la difusión de este medio independiente al servicio de la comunidad". .png){kind=avatar}
Héctor Minguillo Chanamé, exconsejero regional de Loreto y destacado analista político, posee una amplia y reconocida trayectoria. Su carrera se ha centrado en defensa de la clase trabajadora y el activismo incansable en defensa de la amazonía y sus comunidades.
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