El CASO ODEBRECHT

DW.COM AMÉRICA LATINA

Este lunes (17.4.2017), un juez federal estadounidense condenó a la constructora brasileña Odebrecht a pagar una multa de 2.600 millones de dólares por la trama de sobornos que puso en marcha y terminó involucrando a funcionarios gubernamentales de doce países latinoamericanos y africanos. La empresa deberá pagar 2.390 millones de dólares en Brasil, 116 millones en Suiza y otros 93 millones en Estados Unidos tras la sentencia que dictó el magistrado Raymond Dearie, informó un portavoz de la fiscalía federal del distrito este de Nueva York. La multimillonaria sanción, que se dio a conocer en un tribunal de Brooklyn, es el resultado de un acuerdo negociado por Odebrecht con el Departamento de Justicia estadounidense, así como con las autoridades brasileñas y helvéticas.

Según el Departamento de Justicia, la constructora pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países, donde es investigada desde hace más de dos años en el marco de los desvíos en la petrolera estatal Petrobras. En diciembre pasado, un tribunal de Nueva York condenó a la petroquímica brasileña Braskem, controlada por el grupo Odebrecht, a pagar una multa de 632,6 millones de dólares, después de declararse culpable de los cargos en su contra. Los sobornos están vinculados con "más de cien proyectos en Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según los documentos del tribunal. La mayor constructora de Brasil firmó un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña el 1 de diciembre de 2016.

Ese convenio contempla la admisión de su culpa, el pago de una multa y delaciones ofrecidas por 77 ejecutivos de Odebrecht a cambio de reducir sus futuras condenas. Estos testimonios salpican a cerca de doscientos políticos en desvíos de Petrobras y en financiación ilegal de campañas electorales. Este mismo lunes (17.4.2017), el titular del 16º Juzgado Penal de Lima, Mario Guerra, ordenó la detención preventiva por 18 meses del expresidente peruano Alejandro Toledo (2001-2006), su esposa Elianne Karp y otros procesados por el caso Ecoteva, tras incluir en este expediente la denuncia por el presunto soborno de la empresa Odebrecht. Se trata de la segunda orden de detención contra Toledo. En la primera, que data de febrero de 2017, se le acusa de recibir un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht.

Expresidentes peruanos en la mira

Con ese pago, la constructora buscaba asegurar que se le adjudicara la construcción de dos tramos de la carretera Interocéanica sur. La orden de detención contra Toledo se hace extensiva al empresario Josef Maiman, quien creó la empresa Ecoteva con la suegra de Toledo, Eva Fernenbug, y a su exjefe de seguridad, Abraham Dan On. El expresidente peruano y su esposa son procesados por lavado de activos a raíz de las compras inmobiliarias hechas en Perú con fondos procedentes de Ecoteva, una firma creada en Costa Rica. La fiscal Rosana Villar sostiene que el dinero de la empresa Ecoteva procede de los pagos ilícitos de Odebrecht a Toledo, realizados a cuentas bancarias de Maiman, quien supuestamente transfería los fondos a un entramado de cuentas offshore cuyo destino final era Ecoteva, investigada en Perú desde hace cuatro años.

Mientras se hacía pública la segunda orden de captura contra Toledo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Duberlí Rodríguez, admitía que otro exmandatario peruano, Ollanta Humala, podría ser juzgado por corrupción por la presunta financiación de su campaña por parte de la firma Odebrecht, pero en relación con lavado de activos. Rodríguez hizo la aclaración después de que recibiera críticas por afirmar que a Humala no se le podía acusar por delito de corrupción, pues no era funcionario público sino candidato en el momento en que presuntamente recibió tres millones de dólares para la campaña con la que llegó al poder en 2011. "Un particular comete delitos comunes como apropiación ilícita, estafa, malversación tributaria, lo que fuera, pero la condición elemental para cometer delito de corrupción es ser funcionario público”,  había argüido Rodríguez.

Movimiento en Brasil

También en Brasil ha habido movimiento este 17 abril: la Corte Suprema de ese país decidió hoy crear "un grupo de asesoría especializada” para acelerar los procesos relacionados con la operación Lava Jato, que investiga a casi un centenar de políticos aforados por su implicación, entre otros, en la trama corrupta destapada en la estatal Petrobras. El número de investigaciones aumentó notablemente después de que la Corte Suprema anunciara el martes pasado (11.4.2017) que autorizaba la apertura de 76 investigaciones contra casi 100 políticos con fuero privilegiado con base en las delaciones de 77 exdirectivos del grupo Odebrecht, que participó de las corruptelas en la petrolera.

Entre los investigados están casi cien parlamentarios de más de diez partidos políticos y ocho ministros del Ejecutivo del presidente Michel Temer, que pese a ser citado no será investigado por la inmunidad de su cargo para hechos ocurridos antes del inicio de su mandato. En la lista de sospechosos también están 12 de los 27 gobernadores del país y los cinco expresidentes brasileños vivos. Temer sugirió este lunes (17.4.2017) que algunos de sus ministros podrían dimitir debido a las recientes investigaciones por corrupción aprobadas por la Justicia en relación con el caso Odebrecht. "Es muy probable que algunos ministros piensen que no pueden continuar, que se sientan incómodos en el cargo y salgan”, dijo Temer durante una entrevista con la emisora de radio Jovem Pan, en la que descartó, sin embargo, la posibilidad de destituir él mismo a los ministros. La destitución sólo se dará temporalmente en caso de que haya una denuncia formal del Ministerio Público, comentó Temer. "Si hubiera denuncia, es porque hay elementos fortísimos, reveladores de que la denuncia es correcta”.