La ratificación del Acuerdo de Escazú permitirá reducir los
conflictos socioambientales e implicará que las autoridades puedan enfocarse en
mejorar la aplicación de las normas, afirmó Duberlí Rodríguez, presidente de la
Comisión Nacional de Gestión Ambiental del Poder Judicial.
"En lugar de rendir homenaje a los
defensores ambientales asesinados, trabajemos en la defensa de los derechos
ambientales para así evitar más muertes”, agregó.
Así de importante es este acuerdo internacional. Se trata de
uno de los tratados de derechos humanos y ambientales más importantes de los
últimos 20 años. Su objetivo es garantizar un debido acceso a la información,
participación pública y justicia en materia ambiental en los países de América
Latina y el Caribe.
En setiembre pasado, el Estado peruano lo firmó y ahora su
ratificación está en manos del Congreso. Para ello, el Ejecutivo ha venido
trabajando junto a organizaciones sociales. Entre los avances, está la
actualización del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), destacó
Gabriela Paliza, directora de Información e Investigación del Ministerio del
Ambiente (Minam). También se han preparado diferentes mecanismos para poner a
disposición la información ambiental y promover la participación ciudadana,
señaló Juan Carlos Castro, del Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA).
En este sentido, la labor de la sociedad civil ha sido
importante, ya que han venido promoviendo este tratado desde hace ocho años,
resaltó César Gamboa, director ejecutivo de DAR. "Sigamos trabajando por
el desarrollo sostenible, seguro y a largo plazo de nuestro país. El Acuerdo de
Escazú permitirá reforzar la democracia ambiental en nuestro país”, dijo.
Es necesario que este tratado esté en la agenda del
Parlamento, sostuvo la congresista Ana María Choquehuanca:
“La política no debe obstaculizar el
desarrollo sostenible del país. Desde el Congreso no permitiremos que Perú quede rezagado en
materia de protección al medio ambiente”, resaltó.
El expediente deberá pasar a la Comisión de Relaciones
Exteriores del Parlamento, encargada de la ratificación y finalmente pasará al
Pleno, explica Omar Ortega del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Acuerdo
de Escazú tiene como plazo para su ratificación hasta el 27 de setiembre de
2020. De ratificarse, Perú podría convertirse en los pioneros en protección a
los derechos ambientales.
Este tema fue abordado en el “Foro Público: Promoviendo la
ratificación del Acuerdo de Escazú”, organizado por DAR, World Resources
Institute y el Principio 10 LAC (red regional, conformada por más de 30
organizaciones).
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