Publicado Diario El Pais.27/08/2019
La oposición al Gobierno de Martín Vizcarra en Perú trata de
hacerse con el control del Tribunal Constitucional. La formación fujimorista
Fuerza Popular y el Partido Aprista, que conforman una mayoría en el Congreso,
ha presentado una lista de 11 candidatos para reemplazar a seis magistrados
cuyo período en esa corte venció en junio y ha programado su elección para el
próximo lunes. De los 11 juristas seleccionados a dedo, diez son cercanos a sus
organizaciones. La maniobra ha desatado las críticas del Ejecutivo y de la
sociedad.
Según César Landa, exmiembro del Constitucional y profesor
universitario, la rapidez con que la oposición busca los cambios en el alto
tribunal se deben a que con el colegiado actual “hay cuatro votos a favor del
sentido ciudadano [que considera constitucional el adelanto de elecciones
propuesto por el mandatario] y hay tres votos conservadores que coinciden con
la oposición [y que consideran inconstitucional esa iniciativa]". “Luego
de las críticas, se han dado cuenta de que reemplazando solo a uno o dos magistrados
-y no los seis con período vencido- tendrían una mayoría coordinada con las
fuerzas parlamentarias de oposición”, explica el jurista a EL PAÍS.
Las críticas que menciona Landa son los llamamientos del
Ejecutivo a que el Parlamento replantee los tiempos y el mecanismo de la
elección. A eso se sumó una demanda constitucional de amparo presentada el
martes por un grupo de abogados y dos ONG contra el Legislativo, porque la
forma en que elaboró la terna no asegura “la independencia, idoneidad y legitimidad
de los candidatos”.
La demanda plantea que el Congreso vulnera derechos
fundamentales como el acceso a la justicia, la apariencia de independencia de
los magistrados y la participación ciudadana. Según Landa, “la urgencia [de la
oposición parlamentaria] es renovar a los magistrados para cambiar el
equilibrio que no les es favorable”. Pero el exmagistrado alerta también de que
Fuerza Popular y el Partido Aprista están usando el Constitucional con el fin
de obstaculizar los procesos anticorrupción. El miércoles, la alta corte
escuchó a la abogada de la lideresa de la oposición, Keiko Fujimori -en prisión
preventiva mientras es investigada por lavado de activos- que ha pedido anular
la carcelería.
La mañana del jueves, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos manifestó su preocupación por “las denuncias de falta de publicidad y
transparencia en el proceso de selección de seis magistrados del Tribunal
Constitucional del Perú" y destaca que el Parlamento no hizo públicos los
criterios para seleccionar a los candidatos. “La Comisión observa que este
proceso de selección se realiza en un contexto político marcado por denuncias e
investigaciones iniciadas sobre la participación de funcionarios de diversas
entidades del sistema judicial en actos de corrupción, a través de tráfico de
influencias, favorecimiento personal, abuso de poder y prevaricato, entre
otros; así como por procesos de selección de operadores de justicia que habrían
sido afectados por la alegada existencia de un esquema de corrupción y de tráfico
de influencias”, añade el comunicado.
La posición del Ejecutivo
“La construcción de una democracia sólida pasa por fortalecer las instituciones, no por manipularla, ni capturarla con fines subalternos. Las instituciones del Estado son de todos los peruanos, no de algunos grupos, por más representación política que tengan”, fue la respuesta del presidente Martín Vizcarra al posible copamiento del Constitucional. Las declaraciones del jefe de Estado se debieron a que en la víspera un programa de televisión difundió una conversación de parlamentarios fujimoristas y apristas que en noviembre de 2018 coordinaban cómo “bajarle la llanta” al Constitucional.
Horas después, el ministro de Justicia, Vicente Zeballos,
pidió al Congreso suspender la elección anunciada para el lunes 30, e impulsar
“espacios mucho más auspiciosos y fortalecidos en escenarios auténticamente
democráticos”. Mientras tanto, este jueves, el Congreso y el Ejecutivo buscan
una salida para evitar lo que algunos líderes de opinión llaman “un choque de
trenes”. La Comisión de Constitución del Congreso ha archivado el proyecto de
ley de elecciones anticipadas en 2020, que recortaba el mandato tanto de
Vizcarra como de los congresistas. Al mandar el documento al archivo ha evitado
que el presidente plantee una cuestión de confianza sobre esa iniciativa de ley
que anunció el 28 de julio. La cuestión de confianza habilita al jefe de
Estado, de acuerdo con la Constitución, a cerrar el Parlamento si este se la
niega en dos oportunidades: es un mecanismo de equilibrio de poderes.
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