EL PAIS
Nacional tras la ola de represión
policial durante las recientes protestas pacíficas en Lima contra la clase
política. Los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los
manifestantes han dejado 63 hospitalizados y dos jóvenes muertos. Otro menor,
de 13 años, fue tiroteado por agentes este domingo por la noche antes de que se
iniciara toque de queda impuesto por la pandemia de la covid-19.
La caída de la cúpula policial
tiene lugar depsués de que los familiares de los fallecidos Inti Sotelo y Bryan
Pintado, manifestantes heridos y voluntarios que participaron en brigadas de
primeros auxilios en las protestas, denunciaran intimidación y vigilancia por
parte de policías a lo largo de varios días.
Las fuerzas de seguridad
reprimieron las protestas -que empezaron el pasado día 9 y continuaron hasta el
14- disparando perdigones de plomo y canicas, y haciendo un uso indebido del
gas lacrimógeno pese a que los manifestantes, desarmados, no representaban un
riesgo a la seguridad de otras personas, según el manual de los antidisturbios.
Las protestas de decenas de miles
de jóvenes en el centro de Lima comenzaron en rechazo al Gobierno interino de
Manuel Merino, en el cargo después de que el Parlamento destituyera a Martín
Vizcarra, mediante la figura de la vacancia presidencial salpicado por una
supuesta trama de sobornos.
La ciudadanía y las principales
entidades de la sociedad civil consideraron que la destitución de Vizcarra fue
una ruptura a la independencia de poderes, causada por grupos políticos
vinculados con corrupción y con conflicto de intereses. Ningún Gobierno vecino saludó
la llegada de Merino al poder, salvo Paraguay; por el contrario, la mayoría de
los que se pronunciaron expresó su preocupación.
Jan Jarab, el jefe de una misión
ad hoc de Naciones Unidas que la semana pasada evaluó en Lima el impacto de la
crisis política en los derechos humanos, expresó su preocupación sobre la
negativa de la policía a haber cometido violaciones a los derechos humanos
durante su actuación contra las protestas, y calificó la situación como
“represiva y preocupante”. En una entrevista con EL PAÍS dijo que el uso
excesivo del gas lacrimógeno contravenía las normas internacionales sobre
derechos humanos pues los jóvenes manifestantes no pusieron en peligro la vida
de otras personas.
Por otra parte, el domingo un
programa de televisión difundió el caso de la joven Adriana Espíritu que sufrió
violencia sexual en una comisaría, después de que la policía la detuviera junto
a su hermana, menor, y a su madre, cuando caminaban a su casa tras participar
en la manifestación del jueves, día 12, el primer día que hubo heridos graves
por disparos de la policía.
Un policía la obligó a desnudarse
y quitarse los zapatos en un baño en el que el piso tenía excremento y ratas.
“Me hizo saltar, hacer ranas en el piso para revisar mis partes íntimas. Esa
humillación he tenido que pasar yo”, dijo al programa Cuarto Poder.
Además, la mañana del lunes, la
prensa peruana informó sobre la muerte de un adolescente que la noche del
domingo acompañaba en su auto a un familiar, antes de la hora del toque de
queda. Varios patrulleros persiguieron al vehículo y como este no se detuvo,
dispararon. Las autoridades aún no indican el motivo de la persecución. Los
familiares del menor fallecido indican que el adolescente había acompañado a su
pariente a un cajero automático y que el auto tenía vidrios polarizados.
Con la designación de César
Cervantes como nuevo comandante general de la Policía Nacional, 14 generales
pasarán al retiro, entre ellos el subcomandante general Jorge Lam. Este condujo
las operaciones de represión contra las manifestaciones ciudadanas ante la
ausencia del comandante general quien estaba de licencia al haberse contagiado
de la covid-19.
“De cara a conectar a la policía
con la ciudadanía he dispuesto que se fortalezca el sistema de protección de
las familias de las víctimas y los brigadistas que dieron apoyo en las
movilizaciones ciudadanas, esto se hará en coordinación con las organizaciones
de derechos humanos; queremos dar tranquilidad a los familiares”, anunció el
presidente Sagasti.
El mandatario peruano informó
además de que formará una comisión que recomiende acciones para “modernizar y
fortalecer a la Policía Nacional” con el fin de defender los derechos
ciudadanos, el orden interno y la seguridad ciudadana.
Debido a la violencia policial
contra las protestas, la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, denunció la
semana pasada por homicidio doloso y abuso de autoridad a Merino, al ex primer
ministro Antero Flores Aráoz, y al exministro de Interior Gastón Rodríguez.
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