Comuneros retienen embarcaciones y emiten un ultimátum ante la presencia de dragas ilegales y la falta de respuesta de las autoridades
En un acto de protesta, 21 comunidades nativas de la cuenca del Bajo Tigre han tomado medidas drásticas al retener embarcaciones de la empresa petrolera UPLAM y otras que transportan combustible. Esta acción responde a la indignación de los pobladores ante lo que consideran un abandono total por parte del Estado y el incumplimiento de acuerdos por parte de la empresa.
Los líderes de las comunidades denunciaron que más de 50 dragas ilegales operan sin control en la cuenca, causando una devastación ambiental sin precedentes. A pesar de sus reiteradas peticiones, la presencia de autoridades —como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público— ha sido nula. "Hemos tenido que tomar la justicia por nuestra propia cuenta", declaró un representante, "porque nuestras peticiones a los medios de comunicación no han recibido ninguna respuesta".
La indignación de los comuneros se intensificó al enterarse de que una comisión de alto nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) no cumpliría su promesa de llegar a la zona este mes. La razón oficial fue "otras reuniones programadas en Moquegua", un pretexto que los pobladores tildaron de "burla".
La protesta, que inició en la comunidad de Libertad, busca frenar el suministro de combustible a las dragas ilegales que saquean el oro del río Tigre. Con este ultimátum, las comunidades exigen una acción inmediata y concreta tanto del Estado como de la petrolera para detener la contaminación que amenaza con destruir su territorio y su forma de vida.
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