EL TRÁFICO DE CONBUSTIBLE QUE SOSTIENE LA MINERÍA ILEGAL EN MADRE DE DIOS

• Cisternas repletas de petróleo salen a diario de Juliaca para abastecer a los grifos informales del centro poblado de Lechemayo, al norte de Puno. Este combustible atiende la demanda de los mineros ilegales que operan en Madre de Dios.
• Mongabay Latam confirmó que una de las nuevas modalidades para traficar este insumo es modificar los tanques de almacenamiento de los vehículos, proceso permitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
• Tras la ‘Operación Mercurio 2019’, la zona de San Gabán y la de Amarakaeri, en Madre de Dios, se presentan como las áreas que podrían recibir a los mineros ilegales desalojados.

Cuando se camina por Lechemayo, un centro poblado situado al norte de Puno, la primera conclusión a la que se llega es que es un polo de venta de combustible. Los carteles colgados en las puertas de los negocios y el olor intenso en el ambiente lo gritan. Las combis, que no son otra cosa que furgonetas, no trasladan pasajeros, sino bidones repletos de petróleo. El combustible viaja camuflado, lo que a simple vista no tiene sentido, hasta que confirmas que sale de un lugar sin restricción para ser vendido en una zona donde hasta ahora está prohibida la venta: Madre de Dios. El principal destino del combustible es la región amazónica más golpeada por la minería ilegal.

El trayecto es de Lechemayo a La Pampa —el escenario que mejor ilustra el impacto de la actividad ilegal en Madre de Dios— y las combis petroleras tienen el reto de sortear en el camino tres puestos de control manejados por la policía, agentes de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y personal del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). Un muro fiscalizador muy fácil de vencer para los traficantes.

Estos despliegan la misma estrategia desde hace varios años. Cuando están a punto de llegar al punto de control, el chofer de la furgoneta se detiene, el copiloto y otras personas que viajan a bordo descargan los bidones y pasan cada uno de ellos por la vía peatonal. El control solo alcanza a los vehículos, no se revisa a los transeúntes.

Pasando el punto de fiscalización, la combi petrolera vuelve a detenerse y los bidones se acomodan con tranquilidad. Sin apuros. Dos garitas de control más y habrán vencido a los agentes. Aunque el viaje se alarga un poco, saben que máximo en tres horas habrán vendido su carga.

Mongabay Latam fue testigo de las modalidades de tráfico de combustible que burlan todos los controles del Estado. Aunque luego de la ‘Operación Mercurio 2019’ y de la ejecución del Plan Integral Frente a la Minería Ilegal en La Pampa-Madre de Dios estas acciones han disminuido, el centro poblado de Lechemayo, en Puno, sigue siendo el corazón que bombea combustible a las distintas arterias donde la minería ilegal sigue devastando y contaminando. Además, tras la intervención del Estado, nuevos ejes de distribución se han abierto.

El corazón de la ilegalidad

Como sucede en muchas localidades puneñas, Lechemayo se mueve por sus negocios. El problema es que en este centro poblado del distrito de San Gabán, esos negocios tienen un destino ilegal. Este poblado pequeño que puede recorrerse en 10 minutos, no solo es un polo que hace posible el tráfico de combustible, está rodeado, además, de un problema que parece mucho mayor: cultivos ilegales de hoja de coca. Basta levantar la vista para ver hectáreas de hectáreas de un sembrío que crece peligrosamente en la frontera con la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

El movimiento económico de esta localidad puneña está definido por los cultivos ilegales y la venta de combustible.

En un recorrido por un sector de Lechemayo, solo 300 metros de trayecto, Mongabay Latam comprobó que en por lo menos 20 viviendas se han instalado pequeños surtidores de combustible. A estas casas llegan desde camionetas hasta camiones para comprar petróleo a S/ 9 (US$ 2,74) el galón, un precio que compite con los S/ 12 (US$ 3,65) que cobran los grifos legales. De acuerdo con testimonios de vendedores de este insumo, en la zona de La Pampa en Madre de Dios el precio del galón bordeaba los S/ 17 (US$ 5,18). Siempre fue más rentable comprar petróleo ilegal y las viviendas de Lechemayo, que manejan 2000 galones de combustible al día para la venta, hacen fácil tomar la decisión.

Sin embargo, la venta de combustible también se da a gran escala. Luego de la fila de viviendas hay cinco grifos de distintas dimensiones a lo largo de otros 300 metros, siempre al borde de la Interoceánica. Hasta ahí llegan cisternas que se abastecen en Juliaca, a 12 horas de distancia, para descargar a diario en estos puntos de venta.

El procurador público del Ministerio del Ambiente, Julio César Guzmán, cuenta a Mongabay Latam que en el distrito de San Gabán, incluido en Lechemayo, se realiza la minería ilegal desde hace una década, por lo menos. Una actividad que ha ido creciendo con los años tras los operativos de interdicción en La Pampa, uno de ellos en el 2014, que promovió el desplazamiento de grupos de mineros de la región de Madre de Dios a Puno. Este crecimiento, además, fue acompañado por las restricciones a la venta de combustible en la región amazónica, lo que dejó llano el campo para que Lechemayo se convierta en uno de los grandes proveedores de este insumo. “En ese momento se instalaron los primeros grifos clandestinos, pero en el último año esto ha aumentado exponencialmente, mucho más de un 100 %”, asegura Guzmán.

Mongabay Latam fue testigo de una de las modalidades empleadas para el tráfico de combustible: el ‘hormigueo’. Es así como se le llama al traslado de bidones de petróleo por la vía peatonal, esquivando los puestos de control. En Lechemayo, los choferes suben envases de aproximadamente 13 galones a las ‘combis’, a las que en muchos casos se les ha retirado los asientos para llevar más carga.

En la ‘combi’ petrolera en la que viajó Mongabay Latam se trasladó un bidón, por lo que solo se necesitaba una persona para concretar la operación. Cien metros antes del puesto de vigilancia, la furgoneta se detiene, el chofer y la copiloto bajan y retiran el bidón. El conductor arranca nuevamente y, cuando la policía y los agentes de Sunat y Osinergmin revisan el vehículo, no perciben nada raro y le permiten seguir. En simultáneo, la copiloto traslada en un coche de ruedas la carga.

Unos metros más adelante, tras perder de vista el puesto de control, la ‘combi’ se detiene nuevamente, el bidón vuelve a cargarse en el vehículo y continua su camino.

Rutas del tráfico: un entramado de ilegalidad

Las combis petroleras son solo uno de los mecanismos usados para la venta ilegal de combustible. La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios ha identificado que camionetas 4×4 y, en menor medida, vehículos station wagon, modifican sus tanques para poder tener el doble de capacidad de almacenamiento, a veces el triple, para trasladar petróleo.

Alterar los tanques de los vehículos es legal. Está permitido por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). “Cada vez que hemos realizado operaciones conjuntas con la policía y la Sunat, los choferes que hemos detenido nos han mostrado sus permisos y sus constancias legales de modificación”, comenta Karina Garay, fiscal encargada de estas investigaciones

A lo que apela la fiscalía en estos casos, agrega Garay, es a esperar que ese mismo vehículo transite nuevamente por el área en un periodo breve de tiempo, generalmente al día siguiente de la primera intervención. De esta manera confirman que el trayecto recorrido no es proporcional a la cantidad de combustible que trasladan en sus tanques.

“Si no confiesa el delito, se debe comprobar que el chofer sí necesita el tanque modificado, por ejemplo, para realizar viajes largos donde no se encuentra combustible fácilmente. Hacemos una verificación rápida con los peajes cercanos, como el de Unión Progreso. Si no ha pasado por ellos y no tiene prueba que demuestre la necesidad de ese tanque, asumimos que solo se ha quedado en La Pampa”, señala Garay.

La fiscal añade que esta situación fue detectada hace un año y desde entonces han logrado sentenciar por lo menos a 100 traficantes en el 2018. Las penas suspendidas han sido de máximo de 2 años y 6 meses, es decir, no han ido a la cárcel.

La fiscalía especializada ha detectado que en casi la totalidad de los casos, los choferes presentaron permisos emitidos por la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional del Cusco. Además, que la modificación de los tanques se hace en el Instituto Superior Tecnológico Túpac Amaru, ubicado en Cusco. “Estamos coordinando con la fiscalía del Cusco para hacer operativos de prevención en la dirección involucrada y en el instituto, para conocer los filtros que están teniendo para expedir tantos permisos que terminan facilitando el ingreso de combustible ilegal a Madre de Dios”, dice la fiscal Karina Garay.

Sobre la rutas para trasladar el combustible ilegal, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Madre de Dios no solo ha identificado la que parte de Lechemayo y atraviesa la carretera Interoceánica, también hay tráfico desde Mazuco, el primer distrito situado al sur de Madre de Dios, muy cerca de Cusco y Puno. A pocos kilómetros del Complejo Interinstitucional contra el Crimen (Coincri) en Mazuco, existe un puerto ilegal donde llegan numerosas camionetas y camiones cargados de combustible, para trasladar el petróleo a través del río Inambari rumbo a diferentes puntos de minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la reserva Tambopata, desde Kotsimba hasta La Pampa.

Mazuco hace posible una tercera ruta. Al pasar el Puente Inambari, viniendo desde Lechemayo —justo en el cruce de los regiones de Puno, Cusco y Madre de Dios— se ha abierto un camino del lado izquierdo de la carretera. Este empieza en la Interoceánica y corre paralelamente hasta llegar a Huepetuhe, luego a Puerto San Carlos y vuelve a retomar la Interoceánica, a la altura del kilómetro 130. Este camino, además de permitirles dejar petróleo en el trayecto, los ayuda a evadir por lo menos dos controles de vigilancia de las autoridades.

“Hay otra ruta de tráfico de combustible que viene desde el Cusco, de la localidad de Quincemil, pero solo se utiliza de noche. Los carros salen a toda velocidad desde ese punto y burlan el control de la Sunat y de la policía, aprovechándose de que no siempre hay patrulleros que los puedan seguir”, agrega Garay.

El escenario post ‘Operación Mercurio’

El 19 de febrero, un día después de la ‘Operación Mercurio 2019’ —que fue como el gobierno peruano denominó al operativo para recuperar los territorios degradados por la minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata— la policía y las Fuerzas Armadas destruyeron todos los almacenes de combustible ubicados entre el kilómetro 105 y el 115 de la carretera Interoceánica. El petróleo solía guardarse en cuartos de concreto alineados entre los kilómetros 107 y 108, como lo confirmó Mongabay Latam siguiendo durante la madrugada de febrero a un grupo de combis petroleras, entre otros vehículos.

Aunque la toma casi total de La Pampa es un duro golpe contra la minería ilegal en Madre de Dios, existen otros puntos cercanos donde siguen operando y que demandan combustible. De acuerdo con información del Comité de Gestión de la Reserva Nacional Tambopata, todavía existe actividad minera en la zona de amortiguamiento del área protegida y pone como ejemplo los kilómetros 116 y 117, puntos a los que no han podido llegar las fuerzas del orden porque las lluvias han complicado el acceso.

Mientras tanto, el gobierno peruano ha anunciado que pronto se levantará la prohibición para la venta de combustible en Madre de Dios. El presidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que hace cinco años se creyó que al prohibir su venta se iba a acabar con la minería ilegal, pero no sucedió. “Afectó a quienes trabajan de manera legal. No tiene sentido esta medida”, volvió a decir hace una semana en una conferencia de prensa con su nuevo gabinete.

Para el procurador Guzmán, no se debe perder de vista que se trata de un problema muy complejo. “Para una lucha integral contra la minería se necesita una estrategia que derrote todos los ingresos ilegales de insumos, no solo el combustible, sino el mercurio, pero también la venta de motores, de maquinaria, hasta el ingreso de redes de telecomunicación en zonas completamente ilegales como La Pampa”, comenta.

La liberación de la venta de combustible, señala Guzmán, debe ir acompañada del despliegue de distintos mecanismos de control. “Hay que hacer un seguimiento a los grifos para que eviten la venta ilegal. Uno que haga una venta a la minería ilegal debe ser sancionado”, agrega. El procurador cree que este control de insumos es el primer eslabón de la cadena de ilegalidad. “Todo nace del combustible. Por eso el control de este insumos no debe ser fijo, sino móvil. Si estableces puntos estáticos, las mafias empiezan a abrir caminos alrededor de ellos”, dice.

Leonardo Caparrós, asesor del Ministerio del Ambiente y creador del Plan Integral frente a la Minería Ilegal en La Pampa, comenta que esta movilidad del control ha sido considerado en esta estrategia que comenzó con la ‘Operación Mercurio 2019’. Uno de los cinco grupos de trabajo del mencionado plan es el de Control de Combustibles, en los que trabajan la Sunat, el Osinergmin, el MTC, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Hasta febrero del 2019, el presupuesto destinado para este trabajo en control de combustible, que durará hasta el 2020, se había establecido en 12 millones 665 mil soles (US$ 3 861 000).

En el documento, al que accedió Mongabay Latam, se establece que el gobierno tiene planeado supervisar las plantas de venta de Juliaca y Puno para verificar que el combustible salga en camiones tanque o cisterna autorizados. También se ha planificado preparar un decreto supremo que restrinja el tránsito de vehículos con modificación del tanque original. “Es un trabajo que ya está realizando el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, dice Caparrós.

También se menciona que, hasta abril del 2020, no está permitido modificar la capacidad de almacenamiento de los grifos ni la apertura de nuevos establecimientos de venta en todo Madre de Dios, así como en los distritos de Camanti (Cusco) y San Gabán (Puno). En este último se encuentra Lechemayo, localidad en la que se han multiplicado los grifos en el último año.

La alerta sobre Lechemayo, además, es por ser una posible zona de migración de los mineros ilegales desalojados de La Pampa. El famoso ‘Efecto globo’, se presiona en un lugar y el problema se traslada a otro. Tanto la fiscal Karina Garay como Caparrós señalan que la zona de San Gabán y la de Amarakaeri, en Madre de Dios, donde existe una reserva comunal indígena, son áreas a donde se dirigirían los ilegales. “Son localidades que no hemos perdido de vista y donde pensamos hacer operaciones de interdicción”, dice el asesor del Ministerio del Ambiente.

Mientras la concentración de los esfuerzos contra la minería ilegal se da en la zona de amortiguamiento de Tambopata, las cisternas repletas de petróleo siguen llegando a Lechemayo. Por estar dentro de la Zona Complementaria de Control de Insumos Químicos, destinados a la minería ilegal, la fiscalización no se aplica como en Madre de Dios, confirmó Osinergmin. Los nuevos destinos y rutas del combustible ilegal se están recomponiendo, pero aún son desconocidos.

https://es.mongabay.com/2019/03/trafico-de-combustible-mineria-ilegal-madre-de-dios/