Esta es la historia de cómo una comunidad indígena yagua,
asentada en el Trapecio Amazónico peruano, ahí donde pocas autoridades posan la
mirada, fue dividida en dos para construir un camino vecinal. Pero también es
la historia de cómo desde que esta vía empezó a aparecer en el 2001, desató una
pelea por el territorio con la llegada de invasores que abrieron de inmediato
chacras en ambas orillas, algunas de ellas con plantaciones ilegales de hoja de
coca que abastecen hoy al narcotráfico, la actividad ilícita que más golpea y
devasta la zona.
A doce horas de Iquitos, en Loreto, y muy cerca de la triple
frontera con Brasil y Colombia, es posible observar este camino serpenteante
que pasa por el medio de la comunidad nativa de Edén de la Frontera. Según
imágenes satelitales comenzó a abrirse de sur a norte, desde el distrito de
Santa Teresa —ubicado a orillas del río Yavarí, colindante con Brasil— con
dirección a Caballococha, localidad asentada al borde del río Amazonas. El
objetivo siempre fue crear un acceso más directo a Iquitos y reducir los dos
días de viaje por río a seis horas por tierra.
Pero esta idea que se veía muy bien en papel, se convirtió a
la larga en un escenario de devastación que ha arrasado con más 9000 hectáreas
de bosque virgen. Es decir, 91 kilómetros perdidos desde que empezó a abrirse
la vía en el 2001 hasta fines del 2018.
A esto hay que sumarle que en este mismo período de tiempo,
en el 2002, apareció otro proyecto para construir una carretera asfaltada de 35
kilómetros. Si bien el trazo es diferente, el objetivo es el mismo: unir las
poblaciones del río Yavarí con Caballococha.
En resumen: dos vías, una misma conexión, más bosque
deforestado.
Relato de una vía no anunciada
El camino vecinal empezó a abrirse en la zona sur en el 2001,
a la altura de la comunidad de Santa Teresa, y ocho años más tarde la trocha ya
partía por la mitad el territorio de Edén de la Frontera. Esto fue posible
confirmarlo con la línea de tiempo construida a partir de las imágenes
satelitales proporcionadas por la organización estadounidense Rainforest
Foundation, la misma que promueve la capacitación de monitores ambientales para
combatir la deforestación.
“Este camino les va a traer luz, les va a dar desarrollo”,
cuenta el apu de la comunidad yagua de Edén de la Frontera, Jesús Proaño, que
era lo que les respondían los trabajadores que —sin avisar ni pedir permiso—
día tras día abrían el camino vecinal que uniría Caballococha con Santa Teresa.
Los pobladores de Edén de la Frontera no olvidan la
maquinaria pesada entrando a su comunidad y a los trabajadores con machete en
mano y motosierra despejando el camino el año pasado. Ese fue el momento en el
que la trocha que solo se usaba como paso peatonal escaló a un camino carrozable.
Según información corroborada por Conservación Amazónica
(ACCA), entre el 2001 y el 2018 se perdieron 9133 hectáreas de bosque primario
en la zona, con un periodo más intenso de desbosque entre los años 2006 y 2018.
Este reporte precisa, además, que solo entre el 2011 y el 2015 esta devastación
del bosque bordeó las 3001 hectáreas, y que entre el 2016 y el 2018 alcanzó las
1455.
“Aquí empezamos a ver cómo empezaron a llegar las máquinas,
pero nadie nos decía nada”, cuenta el líder indígena, quien asumió el cargo
hace ocho meses, tras la destitución de la antigua autoridad acusada de
corrupta por la comunidad. “Tal vez han negociado con él algo, pero nunca se
dio cuenta a la comunidad”, agrega el nuevo apu.
Lo que es tangible es el desbosque que la vía ha promovido en
el territorio de Edén de la Frontera. A través de un dron pudimos observar que
a lo largo de la vía, de unos cinco metros de ancho, se han abierto chacras
para cultivar yuca. Esto lo confirmamos en marzo, cuando Mongabay Latam visitó
la comunidad y pudo ver las huellas de la reciente deforestación. El apu Jesús
Proaño señala que algunas de estas chacras también son utilizadas para el
cultivo ilegal de hoja de coca.
El narcotráfico está presente en la zona. La provincia
loretana de Ramón Castilla, donde se encuentra este camino y donde se ubica la
parte peruana del Trapecio Amazónico, es un área gravemente impactada por
cultivos ilícitos de coca y por laboratorios rústicos de pasta básica de
cocaína que operan en zonas apartadas de las comunidades, como informó Mongabay
Latam hace una semana. Según el último informe de monitoreo de cultivos de coca
de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en
esta área denominada Bajo Amazonas se registraron 1823 hectáreas de estas
plantaciones ilegales en el 2017.
Aunque no se tiene la cifra actual de toda el área tomada por
estos cultivos ilegales, el ministro del Interior, Carlos Morán, anunció en abril
que el Proyecto Especial Corah —a cargo de la erradicación de cultivos ilícitos
en todo el territorio peruano— precisó que eliminaría este año y en esa zona
más de 6000 hectáreas de hoja de coca ilegal. Esta extensión solo confirma el
veloz crecimiento en los últimos dos años y la fuerte presencia del
narcotráfico en la zona.
La otra preocupación de los habitantes de Edén de la Frontera
es la madera que ha sido retirada, sin su consentimiento, para la construcción
y el mantenimiento del camino vecinal en el 2018. “Han aserrado madera como el
ana caspi, la castaña, el cedro macho, el tornillo, todo eso sin preguntar.
Iban sacándola y la cargaban para llevarla a Santa Teresa o a Caballococha”,
cuenta el apu Jesús Proaño.
El actual alcalde provincial de Ramón Castilla, Rodolfo Díaz,
agregó un dato clave a esta historia: la vía vecinal solo cuenta con un estudio
de perfil, es decir, el paso inicial para que un proyecto de este tipo pueda
ejecutarse. “El camino fue construido desde hace varios años, pero no tiene
expediente técnico ni Declaración de Impacto Ambiental (DIA)”, señaló la
autoridad.
Según el Reglamento de Protección Ambiental para el Sector
Transportes, toda construcción o mejoramiento de caminos que pertenezca a la
red vial vecinal, que tenga una longitud entre los 5 y 50 kilómetros, debe
tener aprobado una DIA. El camino Caballococha-Santa Teresa no lo tiene y su
longitud alcanza los 26,17 kilómetros.
Además, mapas actualizados a marzo del 2019, del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones, muestran que el camino vecinal tampoco se
encuentra registrado en la red vial de Loreto. Sin embargo, otra entidad del
Estado, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA)
financió a través de dos partidas presupuestales el mantenimiento de esta
trocha: en total S/ 865 952 (US$ 262 409) invertidos. El convenio para que
DEVIDA financie este pago fue hecho con Julio Khan, exalcalde de la
municipalidad provincial de Ramón Castilla. En Lima, Mongabay Latam consultó a
DEVIDA para conocer por qué y bajo qué condiciones financiaron la apertura de
esta vía, pero se abstuvieron de dar comentarios.
La otra carretera defendida por un congresista
El camino vecinal Caballococha-Santa Teresa y las
consecuencias que ha traído serían solo el preludio de un impacto mucho mayor
que se avecina. Un proyecto de gran envergadura, una carretera asfaltada de
35,59 kilómetros, con un ancho de 16 a 25 metros, que busca conectar también a
Caballococha con otra población del río Yavarí, esta vez la localidad de Buen
Suceso. La justificación sigue siendo misma: unir al Yavarí con el río Amazonas
y beneficiar a 13 242 personas.
Como en el caso de la
vía vecinal, el trazado de esta carretera cruza los territorios de dos comunidades
indígenas, una yagua y la otra tikuna. La inversión para esta vía es de S/. 158
918 470 millones ( US$ 48 millones).
El proyecto para la construcción de la carretera
Caballococha-Palo Seco-Buen Suceso no es nuevo. Existen documentos que dan
cuenta de la elaboración del estudio de preinversión en el 2002, hace 17 años,
y de los avances para la aprobación de factibilidad de esta carretera hace
siete años, en el 2012. Un largo recorrido que continúa y que se retomó en
julio de 2018 con la regularización de estos estudios —que incluyen el
componente ambiental— que han sido presentados por el Estado peruano, a través
de Provías Descentralizado.
A las exigencias legales para este tipo de proyectos, se sumó
en el camino el interés de un congresista loretano, Juan Carlos Del Águila,
de la bancada de Fuerza Popular.
Desde el Congreso, Del Águila ha intentado conseguir que esta
obra, que atravesará el territorio de dos comunidades indígenas, sea declarada
de interés nacional.
“Es de vital importancia. Pedimos que se dé prioridad a este
proyecto porque si no se hace nada, esta zona podría convertirse en un foco
grande de narcotráfico”, dijo el parlamentario en noviembre del año pasado, en
un intento por alcanzar su objetivo.
Y finalmente lo consiguió a fines del año pasado, cuando en
la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo de Loreto fue declarada la
construcción de esta vía de interés nacional.
Para Del Águila, la ausencia de vías de comunicación promueve
la ilegalidad. El parlamentario loretano señala que no se puede hablar de
“deforestación” porque en la zona solo hay “cocales” y ya se ha eliminado la
mayoría del bosque primario.
Los pobladores que viven en la zona, sin embargo, no piensan
lo mismo y señalan que la deforestación aumentará con este acceso, al igual que
en el caso del camino vecinal Caballococha-Santa Teresa, con las más de 9000
hectáreas de bosque primario que ya se han eliminado en los últimos 18 años.
“Estas rutas son usadas para el narcotráfico”, señala el presidente de la
Federación de Comunidades Tikunas y Yaguas del Bajo Amazonas (Fecotyba),
Francisco Hernández.
Pero Del Águila piensa diferente. Insiste en la apertura de
la vía y critica por ello los mecanismos de fiscalización de SENACE. “Nos dicen
que tal vez el SENACE vaya a pedir un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a
detalle. Eso es algo que solo lo plantean los ambientalistas extremos”, agrega.
SENACE se pronunció en abril de este año y ordenó la
necesidad de que se realice un EIA detallado que considere además a los pueblos
indígenas, ignorados desde que empezó a gestarse el proyecto.
Ante la pregunta sobre una probable consulta previa antes de
empezar la construcción de la vía, el congresista señaló que tendrá que
hacerse, aunque no debería ser algo que impida “el desarrollo de miles de
peruanos”. “Estos procesos son informativos. Se tendrá que resarcir al que
resulte afectado, pero por ello no vamos a detener una inversión que ayudará a
varias poblaciones“, señaló en una entrevista con Mongabay Latam.
“Un impacto
significativo”
En las cerca de 200 páginas del documento final emitido por
SENACE, se señala que aunque existe una trocha ya abierta en los primeros 15
kilómetros de la vía desde Caballococha, aún se necesita hacer el desbosque de
otros 20,5 kilómetros, lo que representa más de 13 hectáreas. De ellas, 12,71
hectáreas corresponden a bosques primarios. “Esto implicaría un impacto
significativo”, indica el informe.
Esta deforestación solo se refiere a la construcción de la
carretera, sin considerar el impacto de los asentamientos, la migración que
atraerá un nuevo camino abierto y la afectación directa al territorio de dos
comunidades indígenas.
Según el trazo, esta nueva carretera cruzará los territorios
de la comunidad Villa Nueva Esperanza de Caballococha, de la etnia tikuna, y
pasará muy cerca de la comunidad Santa Rita de Gallinazo, de la etnia yagua. En
el área de influencia indirecta hay más comunidades, como las de Bufeo Cocha,
San Martín de Arahuana, Villa Nueva Vida, Villa Nueva Alianza, Cushillococha,
Santa Rosa del Caño, Puerto Sinaí y el mismo Edén de la Frontera.
SENACE hace alusión a la Ley de Consulta en el citado informe
por la evidente presencia de pueblos indígenas, un ítem desestimado en los
documentos presentados por Provías Descentralizado. Dentro del Plan de
Participación Ciudadana entregado por la entidad de transportes se señala que
el área de construcción de la vía solo alcanzará una parte del territorio de
una comunidad nativa: “Su unidad poblacional no se encuentra asentada en el
área de construcción”, indica el documento.
Sobre este punto, el Ministerio de Cultura señala en el
documento recogido por SENACE que, según el reglamento de la Ley de Consulta,
“el ámbito geográfico de los pueblos indígenas es el área en donde estos
habitan y ejercen sus derechos colectivos”, por lo que resulta pertinente
detallar cuál será el área impactada. Además, dentro de las conclusiones
emitidas por el regulador ambiental, se resalta que se pidió a Provías
Descentralizado que difunda la Evaluación Ambiental Preliminar (EVAP) con la
población local, algo que SENACE señala que no se realizó.
En la comunidad de Santa Rita del Gallinazo, por donde
pasaría el trazo de esta carretera, la comunidad desconoce de los impactos que
podría causar el proyecto en su vida diaria. Según el presidente de la
organización indígena Fecotyba, Francisco Hernández, la autoridad de la
comunidad no ha recibido hasta la fecha ninguna comunicación. El dirigente
señala también que la situación es la misma con la comunidad de Villa Nueva
Esperanza de Caballococha.
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones señaló a
Mongabay Latam que la elaboración de un EIA detallado demorará por lo menos un
año más y que, de realizarse un proceso de consulta previa, este tendría que
ser organizado por el Gobierno Regional de Loreto. Sin embargo, hasta el
momento ninguna comunicación sobre el tema ha llegado a la Gerencia de Asuntos
Indígenas del GORE Loreto.
Juan Ramos, parte del equipo técnico de esta oficina, le
confirmó a Mongabay Latam que ni Provías Descentralizado ni el Ministerio de
Cultura le han informado de este proyecto. “En esta etapa del proyecto ya debió
haber comenzado un proceso de consulta”, señaló el funcionario.
Evaluando alternativas
La afectación y deforestación que causan los caminos y
carreteras que cruzan territorios indígenas plantean la urgencia de evaluar
detalladamente y vigilar los proyectos viales para conectar pueblos alejados.
Tom Bewick, director en Perú de Rainforest Foundation, comenta que la creación
de estos caminos en medio de la selva permiten una “deforestación hormiga”. “No
hay que perder de vista que el Bajo Amazonas es una zona de narcotráfico y
estos caminos podrían favorecer ese tipo de ilegalidad”, comenta.
Rocío Vásquez, especialista de la organización Derecho,
Ambiente y Recursos Naturales (DAR), señala que en el caso de la carretera
Caballococha-Buen Suceso, en la que no estarían siendo considerados los pueblos
indígenas, se puede realizar una petición de consulta previa libre e informada.
“Es importante que las comunidades sean parte de la construcción del EIA, que
se identifique si existe una vulneración de sus derechos para que el impacto
sea menor”, dice. La especialista de DAR agrega que en espacios como la triple
frontera también hay que considerar la integridad de los defensores ambientales
indígenas. “El cultivo ilegal de hoja de coca no solo es un driver de pérdida
de bosque, sino de vidas”, asegura.
Paola Naccarato, exfuncionaria de la Dirección General de
Asuntos Socio Ambientales del Ministerio de Transportes, indica a Mongabay
Latam que Provías Descentralizado cuenta con una guía para la gestión de
proyectos viales que les obliga a realizar planes de desarrollos cuando están
involucrados pueblos indígenas. “Si vas a hacer una vía de nivel departamental
que cruza territorio indígena, lo primero es establecer un proceso de diálogo
que lleve a un plan de desarrollo. Eso permite una mejor relación con los
actores”, precisa Naccarato.
Mientras el proyecto de la carretera se ha paralizado por el
momento, el otro camino vecinal sigue avanzando. Solo en enero del 2019, el
sistema de monitoreo ambiental de Global Forest registró once alertas de
deforestación en el trayecto de esta trocha, en plena temporada de lluvias.
Ahora que las lluvias han cesado, la comunidad de Edén de la Frontera permanece
atenta frente a las nuevas invasiones. Saben que por ahora solo les queda
registrar los nuevos focos de deforestación, es lo único que pueden hacer.
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Aníbal Torres, comunicador. En el blog se explora temas como educación, cultura, medio ambiente y política. Utiliza la big data y la inteligencia artificial para generar contenido de calidad a través del periodismo de datos. "Agradecemos a nuestros colaboradores por su apoyo con sus artículos y en la difusión de este medio independiente al servicio de la comunidad". .png){kind=avatar}
Héctor Minguillo Chanamé, exconsejero regional de Loreto y destacado analista político, posee una amplia y reconocida trayectoria. Su carrera se ha centrado en defensa de la clase trabajadora y el activismo incansable en defensa de la amazonía y sus comunidades.
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