LOS ROSTROS DETRÁS DE LAS LEYES QUE AMENAZAN A LA AMAZONÍA

En los últimos meses, el Congreso ha acelerado una agenda que podría cambiar las reglas de protección de la Amazonía. El pasado 13 de setiembre, mientras cientos de jóvenes protestaban en las calles de Lima contra el gobierno, la Comisión Agraria del Parlamento sesionaba de forma descentralizada en la ciudad de Aguaytía, en Ucayali.

En esta sesión aprobaron el dictamen del Proyecto de Ley 09653, al que las organizaciones ambientales han denominado la nueva “Ley Antiforestal”. La medida fue presentada por la congresista de Fuerza Popular, Jeny López Morales, con el argumento de “impulsar las actividades agrarias sostenibles y la formalización de tierras en la Amazonía”.

Sin embargo, especialistas en derecho ambiental advierten que, de prosperar, legalizará la deforestación y contribuirá a un cambio en el régimen forestal. El abogado César Ipenza señaló, por ejemplo, que permite otorgar títulos de propiedad sin estudios ni autorizaciones ambientales previas.

. CONGRESO. Sesión descentralizada en la ciudad de Ucayali en la que se aprobó el dictamen del proyecto 09653, conocido como "Ley Antiforestal 2.0". Foto: Comisión Agraria del Congreso

La promoción de esta iniciativa no es aislada. OjoPúblico identificó, al menos, 13 propuestas que buscan expandir el aprovechamiento de los recursos forestales al sector privado y modificar la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. Es decir, la misma ley que ya había sido modificada en enero de 2024 con cambios que, según expertos, facilitan la destrucción de la Amazonía.

Este paquete, impulsado entre 2022 y 2025, debilita al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y modifica la ley de protección de pueblos indígenas en aislamiento. Además, una de las iniciativas —ya aprobada por el Pleno— elimina la Comisión de Pueblos Indígenas y Ambiente en la futura Cámara de Diputados y Senadores.

“Si seguimos socavando la Ley Forestal, cada vez tendremos una norma menos capaz de cumplir su propósito de proteger y conservar el bosque a través de su uso sostenible. El panorama muestra que no serán solo los efectos de cada ley por separado, sino la suma de todas juntas”, advirtió Hugo Che Piu, director de la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

En el centro de esta agenda legislativa destaca Jeny López Morales, actual presidenta de la Comisión Agraria y autora de uno de los proyectos más cuestionados. OjoPúblico detectó que la parlamentaria y su equipo técnico han sostenido reuniones con empresarios de la industria de la palma aceitera, como Ocho Sur, y con representantes de comunidades menonitas investigadas por deforestación en Ucayali.

Representantes de Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, la Bancada Socialista, Perú Libre, Somos Perú y del grupo parlamentario Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial también han promovido iniciativas con impactos similares.

Según especialistas, los beneficiarios potenciales de este paquete legislativo van más allá del sector agrícola. “Al transformar tierras forestales en tierras agropecuarias, son dables de ser tituladas. Si eso ocurre, ya no son solo posibles tierras para agricultura, sino para cualquier otro negocio, desde lodges turísticos hasta inmobiliarios” explicó Richard O’Diana Rocca, abogado del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP).

 

Actores detrás del cambio

El respaldo a estas propuestas es multipartidario. El PL 09653 fue ingresado por Jeny López Morales (Fuerza Popular). No obstante, la aprobación del dictamen contó con el apoyo de APP, Perú Libre, Renovación Popular, Acción Popular y la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial.

López Morales es una figura con creciente protagonismo en esta agenda. En 2023, este medio informó sobre sus intentos por modificar la Ley Forestal junto a los congresistas Nilza Chacón y Elvis Vergara.

Una revisión a sus declaraciones juradas muestra que sus ingresos aumentaron de S/2.763, en 2021, a S/157.430, en 2022. Esto implica un salto de más de 50 veces tras su primer año en el Legislativo. Su declaración de 2025 da cuenta de un patrimonio de más de S/316.400.

Otras bancadas también presentaron iniciativas con una tendencia similar. Así pasó con Alianza para el Progreso (5), Acción Popular (2), Bancada Socialista (2), Somos Perú (1), Perú Libre (1) y Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial (1).

De modo individual, destaca Jorge Luis Flores Ancachi (APP), como autor de dos proyectos. Eduardo Salhuana Cavides, José Elías Ávalos y Nelcy Heidinger Ballesteros —de la misma bancada— presentaron una iniciativa cada uno.

Los autores de los siete proyectos restantes son Juan Carlos Mori Celis y Elvis Vergara Mendoza (Acción Popular), Pasión Dávila Atanacio y Silvana Robles Araujo (Bancada Socialista). A ellos se suman Ana Zegarra Saboya (Somos Perú), Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), y Roberto Sánchez Palomino (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial).

SOBRESALIENTES. Jeny López (Fuerza Popular), Jorge Flores Ancachi, Eduardo Salhuana, Nelcy Heidinger y José Elías Ávalos (APP) presentaron iniciativas que debilitan protección ambiental.Composición de Ojo Público
con fotos del Congreso.

Los beneficiados

De aprobarse, el Proyecto de Ley 09653 favorecería, principalmente, a los monocultivos que operan en la Amazonía. En particular, al sector de la palma aceitera, actividad asociada a la pérdida de cobertura vegetal en los bosques tropicales. Esto fue advertido por especialistas y por la congresista Ruth Luque, cuando se aprobó el dictamen. “[Es] una ley a favor de las palmas aceiteras, ley pro deforestación. No es una ley para la Amazonía”, publicó en su cuenta de X.

El abogado Richard O’Diana explica que el impacto no se limita a un cultivo específico. “En general, todo monocultivo sería beneficiado. Estamos hablando de palma, evidentemente, que es tal vez la amenaza más grande de la Amazonía en términos de agricultura. Más allá de las extractivas, más allá de la minería ilegal, más allá del narcotráfico”, indicó.

El especialista Hugo Che Piu añadió que el texto promueve la creación de una Zona Agropecuaria Amazónica (ZPA), una figura que permitiría titular territorios actualmente bajo régimen forestal, abriendo paso a la privatización de grandes extensiones de terreno.

“Esta norma viene con la promesa de que va a solucionar el problema de [titulación de] los pequeños agricultores. Pero, en realidad, solamente va a resolver el problema de las grandes empresas que han hecho deforestación y que tienen procesos penales”, resaltó.

El politólogo Salvador Oré, quien forma parte del movimiento “No a la Ley Antiforestal”, coincidió en que el discurso que respalda esta norma mezcla demandas legítimas de los agricultores amazónicos con intereses de grandes grupos económicos.

“Han creado una polarización entre los campesinos, sobre todo los cafetaleros de la selva amazónica, y quienes defienden el bosque. Han querido aprovechar esa polarización, pero no a favor de los campesinos cafetaleros, sino a favor de la industria de la palma y otros monocultivos que destruyen la selva”, dijo.

Reuniones con representantes agrícolas

Los registros parlamentarios de la congresista López Morales evidencian una serie de reuniones con líderes menonitas, representantes de asociaciones agrarias de Ucayali y ejecutivos vinculados a la industria de la palma aceitera.

El 17 de setiembre de 2024, dos meses antes de ingresar el proyecto, recibió en su despacho a David Klassen J. e Isaac Zacharias Klassen, líderes de la comunidad menonita de Masisea (Ucayali); junto con Alex Huanca Correa, presidente de la Federación Agraria de Ucayali; y Dolores Elizenda Noriega Taricuarima, identificada como dirigente agraria de la región.

Uno de los participantes, Isaac Zacharias Klassen, figura como representante legal de la Asociación Colonia Menonita Cristiana Agropecuaria Masisea. Esta organización es investigada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental por presuntos delitos de tráfico ilegal de productos forestales y alteración del medio ambiente, tras la deforestación de amplias áreas de bosque primario en la zona.

BOSQUES. Perú perdió más de 4,4 millones de hectáreas de bosques entre 2001 y 2024, según Global Forest Watch.

Esa misma tarde, López Morales volvió a reunirse con los líderes agrarios y tres nuevos asistentes: Jerson Calderón Huaylla, Samuel Quijada Arana y Claudio Ramírez Sellado. Luego, estos tres últimos visitaron al entonces ministro de Agricultura, Manuel Manero. Allí, Calderón Huaylla se registró como representante de la Federación Agraria Revolucionaria de la Región Ucayali (Farru).

Quijada Arana es gerente de Geotrimb-7f, empresa dedicada a actividades de arquitectura, ingeniería y de consulta técnica. Su perfil profesional en LinkedIn menciona, además, experiencia en catastro y titulación de tierras en la Amazonía, así como en negociación y relacionamiento comunitario para proyectos de inversión pública y privada.

Ramírez Sellado se registró como representante de la Asociación de Gestión de Carretera 2da etapa Shambillo Shambo. También se desempeña como presidente del Caserío Shambo, del distrito de Padre Abad en Ucayali, de acuerdo con una solicitud presentada ante la Autoridad del Agua, en agosto pasado.

El 4 de noviembre de 2024, tres semanas antes de la presentación formal del proyecto, el asesor parlamentario Alfredo Natividad Henostroza recibió en la oficina de la congresista a Werner Angulo Wong, representante de Conveagro Ucayali. Esta organización no tiene relación oficial con la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro), según ha verificado OjoPúblico.

En esa reunión también participó Héctor Rodolfo Miranda Sánchez, registrado como “dirigente agrario de la Amazonía”, que ya había sostenido encuentros con López Morales, cuando se debatía la primera modificación de la Ley Forestal. La cita incluyó, además, a Víctor César Rojas Ordóñez, Adolfo Simón Ponce, Wilian Márquez Cristóbal y otras dos personas.

En ocasiones previas, Rojas Ordóñez registró su ingreso al Congreso como representante del Frente de Defensa Nacional Agraria Unidad, Paz y Desarrollo Sostenible (Fedepas), organización en la que también figura Werner Angulo Wong. Adolfo Simón Ponce es miembro del sector agrario Irazola Unión Cajamarca, según consta en reportes del Minagri. Wilian Márquez Cristóbal también aparece en registros de ese ministerio, como representante de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali.

El 29 de noviembre de 2024, tras la presentación del proyecto, Liz Escalante Sotelo de Echenique — técnica del despacho de López Morales— sostuvo una reunión con Alfonso Manuel Morante Chávez, gerente de finanzas de la empresa Ocho Sur, y Julio Francisco Sam Cruz, gerente financiero de Blue Pacific Oils.

Ocho Sur es una de las principales empresas palmicultoras de Ucayali, con denuncias por presunta deforestación en territorios indígenas; mientras que Blue Pacific Oils, que opera en Chancay, se dedica al almacenamiento y embarque de aceites vegetales crudos. Este último constituye un eslabón clave en la cadena de exportación de palma.

Los contactos con el sector agrario continuaron durante 2025. El 20 de agosto, López Morales volvió a reunirse con Werner Angulo Wong, esta vez acompañada por nueve personas.

MENONITAS. Comunidades menonitas se han establecido en distintas zonas de la Amazonía peruana, donde la Fiscalía investiga su participación en procesos de deforestación

Una semana después, Escalante Sotelo mantuvo dos reuniones: una de ellas, con Miranda Sánchez y, la otra, con Bruno Tangoa Inocente, dirigente shipibo-conibo cuya comunidad mantiene contacto directo con Ocho Sur, según documentos públicos y reportes de la propia compañía. En la cita también participaron Sixto Gómez Ochavano y Luis Stefano Salinas Lazo.

Gómez Ochavano, jefe de la comunidad Shambo Porvenir, ha sido mencionado en reportajes de 2016 y 2025 por expresar su respaldo a las operaciones de Ocho Sur en su territorio. Por su parte, Salinas Lazo figura en registros de visitas a entidades estatales como representante de la Universidad Nacional Faustino Sánchez Carrión y de Radio Nacional.

Consultada sobre estas reuniones, la congresista López Morales negó que tengan relación con el proyecto de ley 09653 e indicó que los temas abordados con líderes menonitas y representantes agrarios “fueron inseguridad ciudadana en Ucayali y el aporte en asociatividad con las comunidades nativas de la región”.

La parlamentaria señaló, también, que la técnica Escalante Sotelo “no trató tema alguno” con los representantes de Ocho Sur y Blue Pacific Oils. Alegó que la autorización de ingreso y registro se hizo en cumplimiento del reglamento, pero no brindó ningún detalle sobre la visita.

Al respecto, el equipo de comunicaciones de Ocho Sur dijo a OjoPúblico que la reunión fue para "actualizar al despacho de la congresista sobre el mercado de exportación de palma aceitera". Además, confirmaron, por correo electrónico, que la empresa mantiene vínculos con comunidades nativas y líderes locales, como la comunidad Shambo Porvenir y su jefe, Sixto Gómez Ochavano.

"Ocho Sur mantiene relaciones de colaboración y diálogo respetuoso con diversas comunidades del entorno", agregaron. Sobre las denuncias de deforestación, señalaron que son "antiguas y falsas, creadas por organizaciones que lucran con las falsas denuncias y la división entre peruanos".

Elvis Vergara (AP), Roberto Sánchez (JP-VP-BM), Ana Zegarra (SP),Carlos Mori (AP) y Sil

vana Robles Robles (Bancada Socialista) aparecen entre los autores de las 13 iniciativas.

Composición: OjoPúblico con fotos del Congreso

Preocupación por eventuales cambios

El dictamen del Proyecto de Ley 09653 plantea una modificación profunda del régimen forestal de la Amazonía peruana. El aspecto más preocupante, según los especialistas, es la posibilidad de entregar títulos de propiedad sobre áreas deforestadas sin evaluación previa.

El texto considera la creación de dos nuevas áreas de zonificación para la Amazonía: la Zona Forestal y de Protección Amazónica (ZFPA) —que incluye áreas con cobertura boscosa hasta el 31 de diciembre de 2024— y la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA) —que abarcaría suelos deforestados para esa fecha—. En esta última, se otorgarán títulos para actividades agrarias, agroforestales o de plantaciones forestales.

“La zona agropecuaria amazónica es la punta de lanza para romper la protección que da la Ley Forestal”, advirtió el abogado Juan Carlos Ruiz. De acuerdo con un reporte de Global Forest Watch, Perú perdió 4,4 millones de hectáreas de cobertura arbórea entre 2001 y 2024. Parte de esa superficie podría reclasificarse como zona agropecuaria, si el proyecto se aprueba en el Pleno.

Juan Carlos Ruiz recordó que esta disposición contraviene el artículo 66 de la Constitución, el cual establece que esos recursos son patrimonio nacional. Además, agregó, legaliza una actividad que el Código Penal considera delito: “Es delito deforestar, cambiar de uso y comercializar bienes forestales. Con esto, tú estás legalizando una actividad ilegal”.

El abogado César Ipenza también cree que la norma abre un escenario de impunidad. “Si yo deforesté y estoy siendo procesado por un delito ambiental, inmediatamente puedo apropiarme del terreno y, por otro lado, sería legal haber deforestado y, por ende, ya no tendría ninguna sanción”, dijo.

Otro de los puntos críticos del texto es el que fija en 30% el porcentaje mínimo del predio que debe conservarse como área boscosa. Al respecto, el abogado Richard O’Diana destaca la falta de mecanismos de control o sanción. “Esto queda, como otras obligaciones, en la nada porque no se establecen plazos concretos”, apuntó.

El dictamen también omite la consulta previa a los pueblos indígenas, un paso obligatorio según el Convenio 169 de la OIT. La situación repite lo ocurrido con la modificación de la Ley Forestal, aprobada en enero de 2024.

Los especialistas consideran que esta nueva propuesta reproduce y profundiza las medidas introducidas con aquella modificación. Mientras la Ley Forestal original definía como bosque a cualquier terreno con aptitud forestal, las nuevas propuestas establecen que un área deja de ser bosque una vez que se retiró su cobertura vegetal.

El Proyecto de Ley 09653, presentado por la congresista Jeny López Morales (Fuerza Pop
ular) propone reclasificar zonas sin cobertura boscosa como agropecuarias.
Foto:Ministerio del Interior.

El nuevo proyecto también elimina la calificación de tierras, examen técnico que permitía distinguir entre suelos agrícolas y forestales. “Si tú eliminas la única herramienta que te permite distinguir ambas, estás privatizando bosques”, dijo Juan Carlos Ruiz.

En palabras de César Ipenza, constituye una segunda “Ley Antiforestal” o, incluso, una ley con mayores agravantes, y no responde a hechos aislados. “Se ha vuelto un modus operandi de grupos que representan intereses de ciertos sectores deforestadores en el Congreso. Y siguen apareciendo nuevas leyes: dentro de unos años volveremos a legalizar lo que ya se deforestó, hasta llegar a un punto de no retorno”, subrayó.

En una comunicación por escrito, la congresista López Morales negó que su proyecto promueva monocultivos. Respecto a las preocupaciones sobre la titulación de predios deforestados, mencionó que “no se permite titular ni intervenir en áreas con cobertura boscosa a una determinada fecha”. La misma, como se detalló previamente, es el 31 de diciembre de 2024.

Respecto al eventual favorecimiento a actores vinculados a la deforestación, indicó que quien tenga antecedentes por delitos ambientales o figure en el Registro Nacional de Infractores Forestales no podrá acceder al régimen.

El paquete legislativo

El proyecto de López Morales forma parte de un grupo más amplio de iniciativas que buscan cambiar las regulaciones ambientales y los derechos territoriales en la Amazonía. Un análisis de OjoPúblico encontró otras 12 propuestas en esa línea.

Una de estas —ya aprobada por el Pleno— elimina la Comisión de Pueblos Indígenas y Medioambiente en la nueva estructura del Congreso.

“Esta eliminación es parte de la nueva estrategia para aprobar de manera más expedita y acelerada normas vulneratorias de nuestros derechos, ya que no habrá comisión especializada que brinde asistencia técnica y política”, denunció la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Otros dos proyectos, relacionados con un corredor ferroviario y con el reconocimiento de la Organización Autónoma para la Seguridad Indígena respaldada por las Fuerzas Armadas, se encuentran en la agenda del Pleno.

Richard O’Diana considera que el último de estos busca distribuir “de una manera particular” los representantes del Ejército en territorio amazónico. “Eso es bastante delicado porque, en la Amazonía, según la Constitución, los pueblos indígenas son los que tienen la jurisdicción del territorio”, destacó.

Otras dos iniciativas más que modifican la Ley Forestal y declaran de necesidad nacional los proyectos Hidrovía Amazónica y Ferrovía Transcontinental tienen orden del día y, por lo tanto, están listas para ser incorporadas en la agenda plenaria.

Un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS Perú) advierte que los megaproyectos de infraestructura en la Amazonía suelen abrir camino para el avance de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la minería ilegal y la ocupación de territorios indígenas.

Seis propuestas más están en discusión en las comisiones ordinarias del Legislativo. Una de ellas dispone que el Ejecutivo revise cada seis meses las reservas indígenas ya creadas. Para el abogado Hugo Che Piu, esta medida se complementará con otras.

“Esta norma [el proyecto de ley 09653] dice que la Zona Agropecuaria Amazónica (ZAA) no se aplica en las reservas indígenas y territoriales de los pueblos en aislamiento. Pero, luego, tienes esta otra que te dice ‘vamos a revisar cada dos años y ver cuándo eliminar una reserva indígena o territorial’. Por lo tanto, se podría ampliar la aplicación de estas áreas agropecuarias”, explicó.

También continúa en trámite un proyecto que busca modificar la Ley Forestal, transfiriendo a los gobiernos regionales la competencia para crear “bosques locales”, actualmente bajo responsabilidad del Serfor.

Proyectos legislativos declaran de interés nacional megaproyectos de transportante

y energía cuestionado por su impacto ambiental y social. 

FOTO: OjoPúblico /Aldair Mejía

 

En el caso de la propuesta de Ley de la Minería a Pequeña Escala (MAPE), el último 30 de octubre, el presidente de la Comisión de Energía y Minas solicitó su archivo. La propuesta planteaba un nuevo marco normativo para la minería artesanal.

Aunque se presentó como una herramienta para promover la formalización, organizaciones ambientales advirtieron que podría permitir la expansión de la minería informal sin controles ambientales suficientes, sobre todo, en zonas de alta vulnerabilidad ecológica.

Según los especialistas consultados, estas 13 iniciativas buscan reconfigurar el marco forestal del país. “Estamos pasando de un régimen forestal a un régimen agrícola. El régimen forestal es de protección y el régimen agrícola tiene otra lógica, de explotación”, advirtió el abogado Juan Carlos Ruiz Molleda, del Instituto de Defensa Legal (IDL).

OjoPúblico se contactó con los congresistas y voceros de las bancadas que han promovido estas iniciativas. Los representantes de Somos Perú y Acción Popular fueron los únicos que respondieron.

Edwin Martínez, vocero de la bancada de Acción Popular, envió una imagen en la que explica que el proyecto 12215 busca actualizar cada seis meses la categorización de los pueblos indígenas en aislamiento con la participación de un “equipo multidisciplinario”.

Añadió que el 8667 declara de interés nacional la Hidrovía Amazónica, condicionando su ejecución a la “factibilidad técnica, ambiental y cultural previa consulta a la población indígena”.

Por su parte, Ana Zegarra Saboya, de Somos Perú, señaló que su propuesta, que busca declarar de interés nacional y necesidad pública la creación del Corredor Económico Chancay–Loreto–Brasil, no será vinculante.

“Es solamente una ley declarativa. Lo que buscamos es darle la importancia a la Amazonía peruana”, indicó. La congresista evitó pronunciarse sobre los incentivos que generan megaproyectos de ese tipo para actividades ilegales.

Ojo Público